¿Premiando la corrupción?: PJ indemniza con dos millones a juez supremo que aparece en vladivideo tratando re reelección fujimorista

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Esta semana se hizo
pública una noticia indignante para aquellos que hacemos seguimiento a las instancias judiciales. Ramiro de Valdivia Cano, actual juez supremo, recibirá una suma de más de dos millones de soles de indemnización por sueldos y daño moral. La causa: haber sido destituido de la judicatura durante ocho años tras conocerse sus encuentros en el SIN con Vladimiro Montesinos. Por estas reuniones ilegales De Valdivia Cano recibió en primera instancia una pena de 4 años de prisión suspendida. Esta sentencia en contra nunca se hizo efectiva porque la figura de la prescripción hizo lo suyo y, finalmente, el juicio contra el magistrado quedó teñido por un manto de duda e impunidad. En el presenté artículo, después de un breve resumen de los antecedentes de este magistrado, se comentará los puntos más relevantes de la cuestionada y preocupante sentencia emitida por la jueza supernumeraria Ysabel Jurado Monteagudo (Nota de la editora).

Por: Saúl Romero Ángeles

Antecedentes y reuniones en el SIN

Hacia finales de la década de los años noventa el fujimorato desarrolló un plan delictivo para mantenerse en el poder a cualquier costo. Fujimori y Montesinos activaron los más diversos mecanismos ilegales para ganar las elecciones presidenciales del año 2000. La re reelección puso en marcha toda una maquinaria delictiva que le garantizara mantenerse en el poder. Uno de los instrumentos fundamentales para conseguir tal fin fue el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para ello definieron un plan para copar y controlar ilegalmente sus decisiones.

En ese escenario los integrantes del controlado JNE fueron piezas clave de un plan delictivo para torcer la voluntad popular. Eso lo sabe el ahora magistrado supremo Ramiro de Valdivia Cano, porque fue uno de los integrantes de este ente a finales de esa década, y para ello cumplió muy disciplinadamente – como otros- con el ritual de despachar asuntos jurisdiccionales del JNE con el entonces ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.

¿Qué trataban con el ahora condenado Montesinos?: Muy simple, cómo arreglar ilegalmente las decisiones del JNE para la conveniencia del régimen corrupto de Alberto Fujimori.

No fue una, sino muchas veces en las que De Valvidia Cano se reunión con Montesinos. Los vladivideos son la prueba incontrastable de ese concierto delictivo. En uno de estos, -según refiere el propio Montesinos-, concertaron para favorecer la re-reelección del ex presidente Alberto Fujimori para el periodo electoral del año 2000.

Como consecuencia de ello, en agosto del 2002, De Valdivia Cano fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia que –increíblemente- había obtenido el año 2001. Pero, adicionalmente, el Ministerio Público lo denunció penalmente por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y el Poder Judicial, como correspondía, le abrió proceso penal.

El juicio en su contra fue se prolongó exageradamente durante ocho años, y recién el año 2009 la Sala Penal Especial pudo emitir sentencia en la cual condenó a Ramiro de Valdivia Cano a la pena de 4 años como autor del delito de asociación ilícita. La sentencia fue apelada por el condenado y al poco tiempo el caso prescribió cuando la Corte Suprema de Justicia debía emitir sentencia confirmando la condena. Para Valdivia Cano eso fue un regalo de navidad.

A pesar de la gravedad de los hechos que se le había imputado y que no fueron contradichos por Valdivia Cano, éste presentó una demanda de amparo exigiendo su reposición como juez de la corte suprema de justicia. Perdió a nivel del Poder Judicial que desestimó su demanda, pero luego acudió al Tribunal Constitucional, instancia que emitió sentencia declarando que debía proceder su reincorporación al Poder Judicial, pero señalando que era improcedente el pago por las remuneraciones dejadas de percibir. De esta manera, con los votos de los magistrados constitucionales: Mesías Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Eto Cruz, Álvarez Miranda y el voto en contra de Landa Arroyo, Valdivia había retornado a la Corte Suprema de Justicia.

El paso siguiente era demandar al Poder Judicial y al Consejo Nacional de la Magistratura por “el daño” perpetrado contra su persona, por haberlo apartado del Poder Judicial. Y la demanda llegó.

Es así que con la velocidad que solo un juez de la Corte Suprema puede obtener, el magistrado Valdivia Cano este año ha presentado una demanda contra el Poder Judicial y el CNM para que le paguen las remuneraciones dejadas de percibir desde que fue destituido por sus vínculos con Montesinos y por el “daño moral” que se habría incurrido contra él por haberlo denunciado y destituido por aquella razón. Hemos tomado conocimiento que el 23 de octubre del presente año, el 17° Juzgado Permanente de Trabajo ha declarado fundada dicha demanda sobre indemnización por daños y perjuicios por los conceptos de lucro cesante y de daño moral y ha ordenado que, tanto el Poder Judicial como el Consejo Nacional de la Magistratura, cumplan con abonarle una suma ascendiente a dos millones seiscientos mil soles.

Aquí se comentará los puntos más relevantes de la cuestionada y preocupante sentencia emitida por la jueza supernumeraria Ysabel Jurado Monteagudo, resolución que consideramos alejada de todo marco legal permitido, la cual contiene múltiples rasgos débiles sobre cómo las decisiones judiciales deben evitar la impunidad, en atención a la presencia de muestras directas de actos de corrupción.

La sentencia del Tribunal Constitucional

Como hemos dicho Ramiro De Valdivia Cano presentó una demanda de amparo días después de haber sido destituido. Argumentaba que su reunión con Montesinos era un hecho anecdótico. En una sentencia que consideramos un punto de quiebre del Tribunal Constitucional frente a una clara línea de decisiones en favor de la lucha contra la corrupción, falló ordenando la reincorporación al cargo del juez supremo.

Entre los fundamentos por los que declara la reincorporación de Valdivia Cano, el Tribunal Constitucional, señala que:

“… si bien la concurrencia del procesado al Servicio de Inteligencia Nacional se efectuó cuando era miembro del Jurado Nacional de Elecciones, recién se hizo de conocimiento público que en la reunión del 30 de diciembre de 1999, se discutieron con el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres las tachas y nulidades presentadas a la postulación del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, esto es cuando, se encontraba desempeñando ya el cargo de Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República, habiendo estado primero como testigo en el proceso seguido contra dicho asesor, y luego se le ha comprendido en calidad de procesado, no se puede distinguir y dividirse a la persona de Valdivia Cano, antes de ser Magistrado con su actual cargo, porque el hecho grave es cometido por la misma persona.”

Increíblemente, muy a pesar de estar acreditadas las reuniones con Montesinos Torres, el TC ampara la demanda sobre la base de un conjunto de formalidades señalando que:

“Consecuentemente con los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional aprecia que el proceso disciplinario seguido en contra del recurrente vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, el principio de congruencia y, por ende, el debido proceso en sede administrativa, motivos por los cuales la sanción impuesta no resulta legítima, razones, todas, por las cuales la demanda debe ser estimada”. 

En tanto, el magistrado Landa en su voto en discordia señalaba que:

“la integridad, al igual que los deberes éticos de conducta que rigen el accionar de los magistrados en funciones también resulta plenamente exigible a quien pretende desempeñar una función jurisdiccional, porque la integridad moral del juez replica en la integridad del desempeño de la judicatura. Por ello, la omisión del demandante, de dar cuenta al CNM al momento de su postulación a la magistratura, de un hecho tan grave como el ocurrido el 30 de diciembre de 1999 en las instalaciones del SIN, y que de ninguna manera puede ser considerado como un “incidente anecdótico”, legitimó la destitución del demandante. Más aún si éste, como ya señalé supra, nunca denunció un hecho admitido por el propio demandante que constituyó una clara injerencia en la esfera de la autonomía e independencia del JNE”.  

Como se señaló en su momento en el artículo: Caso de Valdivia Cano: la debilidad jurídica de una sentencia y el punto de quiebre en la lucha anticorrupción: La sentencia del] Tribunal Constitucional adolecía de una serie de problemas jurídicos graves:

 […] Ya que no sólo se está ordenando que integre la Corte Suprema un vocal relacionado con la peor mafia de corrupción desde el Estado en la historia del Perú, sino que lo hace sustentándose en razones jurídicas que pecan de un excesivo formalismo, recurriendo inclusive a una redacción peligrosa.

En efecto, ante el vacío normativo referido a los alcances de la competencia del CNM, el TC crea la siguiente regla: no puede sancionarse a un vocal supremo por hechos que cometió antes de que fuera nombrado en el cargo.

Ahora bien, este planteamiento, que como se mencionó, peca de un excesivo formalismo, resulta deleznable, habida cuenta que el TC no establece una base normativa sólida a partir de la cual crear esta nueva regla jurídica. El TC sustenta su decisión en los artículos 154.3 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (LOCNM), que mencionan la competencia del CNM para destituir jueces y fiscales mediante resolución motivada y previa audiencia del magistrado; los artículos VII y 2 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del CNM del año 2000; e incluso cita el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, derogado por el artículo 31 de la LOCNM”.

Entonces tenemos que De Valdivia Cano consiguió la plaza como juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República por concurso público del 30 de noviembre de 2001. Fue destituido el 19 de agosto de 2002, por las resoluciones del CNM N° 072-2002-PCNM y 106-PCNM-2002, tras conocerse sus visitas al ex asesor Montesinos. El Tribunal Constitucional en un fallo cuestionable lo reincorpora.

La sentencia de los 2 millones

 Ahora, la jueza Ysabel Jurado Monteagudo, emite una sentencia (Exp. 3049-2016-0-1801-JR-LA-01) haciendo eco de los argumentos formalistas del TC sobre la destitución del juez supremo Valdivia Cano.

Desde el IDL discrepamos absolutamente con este argumento. Tanto la investigación realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura como el proceso judicial que se le instauró fue por haber concurrido al SIN, haber mantenido reuniones con Montesinos, luego, haber ocultado las mismas al ser interrogado y, además, haber tomado decisiones sobre asuntos jurisdiccionales del JNE en beneficio de una persona (Alberto Fujimori).

Tanto el TC como la jueza se olvidaron que Montesinos Torres dijo en su oportunidad que: “[De Valdivia Cano] recibió de mis manos el proyecto de resolución que acordamos ahí, de que la resolución saldría por unanimidad infundada la tacha. Y, él pidió en ese acto, que en el tema de la nulidad se le permitiera poner un voto singular para que no se diera la sensación de que todo era uniforme”.

La jueza olvida todo eso en su sentencia y remitiéndose, únicamente, a la sentencia del TC señala:

“[D]ebemos precisar que la destitución que sufrió el actor el 19 de agosto de 2002, resulta evidentemente una vulneración del derecho al trabajo […] con el incumplimiento de la accionada de su obligación de mantener al accionante en su empleo mientras no se configuren supuestos válidos para su extinción y de impedirle el acceso a su empleo ha afectado como se ha dicho por lo menos el contenido esencial de su derecho al trabajo, el derecho a la protección contra el despido arbitrario y el derecho a un debido proceso consagrados respectivamente en los artículos 22, 27 y 139, inciso 3 de la precitada Carta Magna íntimamente vinculados al Principio de Derecho de Dignidad de la Persona Humana; por lo que, de esta manera se encuentra también configurada la antijuridicidad del evento dañoso”. (Resaltado nuestro) (Fundamento 39)

 Y el fundamento 42:

“…queda justamente evidenciado que las coemplazadas (CNM y PJ) con su conducta abiertamente lesiva al resguardo y cautela esencialmente del derecho constitucional al trabajo le ha ocasionado un grave perjuicio económico por las remuneraciones, y beneficios económicos legales que ha dejado de percibir desde el momento en que se produce su destitución ilegal el 19 de agosto del 2002 hasta cuando se produce su efectiva reincorporación, el 16 de noviembre del 2010”. (Resaltado nuestro)

Respecto al monto indemnizatorio, lucro cesante

Para el juzgado laboral no queda duda que aquella persona que despachó con Montesinos para burlar la voluntad popular debe ser indemnizado:

“…esta Judicatura concluye que queda acreditado que el actor sufrió daños económicos y que le confieren el derecho a percibir la indemnización correspondiente a título de lucro cesante”. (Fundamento 47)

LUCRO CESANTE

Periodo Tiempo Últimos Ingresos dejados de Percibir Total
Del Al Meses Días
19.08.2002 15.11.2010 98 27 20,424.79 2,020,011.73

 TOTAL, S/ 2,020,011.73

Adicionalmente, para argumentar a favor del juez de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la jueza no tiene el empacho de comparar su destitución con la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional realizado por la dictadura fujimorista en 1998, cuando Rey Terry, Revoredo Mur y Aguirre Roca declararon  inconstitucional la ley de interpretación auténtica promulgada justamente para permitir la re reelección de Alberto Fujimori.

La sentencia alega que:

 “…el hecho de haber dejado de percibir sus ingresos en dicho período (gastos operativos, bono jurisdiccional, remuneración, transitoria para homologación, aguinaldo, escolaridad, bono no pensionable, refrigerio, movilidad, y Decreto Supremo N° 209-91 é inclusive las gratificaciones legales); ingresos que deben tomarse como elemento referencial de cálculo, como así también lo estableció la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en la Sentencia emitida con fecha 30 de enero del 2001, “Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú”, considerando 121: “(…)Estado debe pagar los montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales que correspondan a los magistrados destituidos de acuerdo con su legislación (…)”. (Fundamento 48)

Respecto al daño moral

Los incontables trabajadores despedidos de forma arbitraria (y ellos sí de forma real) ya quisieran tener un juez o jueza laboralista que los indemnice con medio millón de soles, por daño moral.

La jueza desconoce o pretende desconocer que De Valdivia estuvo involucrado en situaciones extremadamente graves y que afectaban la independencia de la judicatura, y que no se estaba ante un supuesto de destitución dispuesta de la noche a la mañana. Existía una base administrativa como judicial (así lo refleja las resoluciones del CNM, el proceso disciplinario del PJ y el accidentado proceso judicial que lo condenó por el delito de asociación ilícita). El fundamento 51 señala:

“…La pérdida abrupta del trabajo y sin la concurrencia de una causa justa de despido; genera incontrovertiblemente un sentimiento profundo de aflicción, que impone la necesidad de la tutela legal y resarcimiento a la víctima, el cual no puede ser desconocido por el simple hecho de haber efectivizado la tutela restitutoria a través de su reposición en el centro de trabajo”. (Resaltado nuestro)

Otra arista principal en esa decisión es haber acreditado la existencia de daño moral tomando como base la declaración del propio demandante vertida en el juicio. El fundamento 52 se refiere a ello:

 “…como lo refirió el actor en audiencia de juzgamiento en el minuto 42’ con 55” segundos de la tercera parte de la grabación, donde expresó que:

 “El Consejo Nacional no solamente me destituyó, sino también comenzó a difundir una especie que de yo había cometido actos de corrupción, aunque nunca indicaron cual era el acto de corrupción que había cometido sin embargo se me destituyó (…) y por otro lado durante todos estos años que no pude ejercer la magistratura perdí la posibilidad de ser Presidente del Consejo y de la Corte Suprema (…) y ahora que pudiese hacerlo, ya se me ha vencido mi edad. (sic)”.
“…Lo que sin duda alguna constituye una excesiva vulneración a su libre desarrollo y crecimiento profesional, a la luz del principio de igualdad de oportunidades, además del grave desprestigio público ocasionado atendiendo al alto cargo público que como Vocal Supremo Titular ejercía, siendo además que al habérsele imputado actos irregulares a efectos de despojarlo de su libre desarrollo laboral, ello impidió a que siga ejerciendo sus labores como Vocal Supremo Titular, impidiendo su ascenso en la carrera jurisdiccional, configurándose con ello en daños irreparables ocasionados al accionante”.

En el fundamento 53: espíritu de justicia y equidad:

“…en ese sentido el quantum indemnizatorio debe ser justipreciado con espíritu de justicia y equidad atendiendo a lo objetivamente causado al accionante”.

Finalmente, la jueza hace una valoración estimatoria, en atención a su declaración vertida en juicio. Que el daño es tan grave que lo afectó irreparablemente, lo cual originó un desprestigio público:

“…por lo que, esta Judicatura estima procedente otorgar al recurrente por el concepto del daño moral padecido atendiendo a las circunstancias particulares del caso en concreto descritas (aflicción, desprestigio público, irreparabilidad del daño causado) en el monto ascendente a S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)”.

Podría llegar a ser presidente del Poder Judicial

 En el último acto por reescribir la vergonzosa historia de oprobio de la judicatura durante el fujimorato. El Poder Judicial peruano acaba de limpiar de polvo y paja al juez supremo Ramiro de Valdivia Cano. Ahora él es un juez inmaculado que fue despedido arbitrariamente, por ello merece recibir una suma millonaria de parte del estado peruano.

De nada importa que una sentencia haya dicho que se reunió con Montesinos para arreglar la re reelección del 2000, y que fuera sancionado con una pena de 4 años de prisión suspendida, por asociación ilícita.

Como última cereza del pastel, el cuestionado juez supremo podría ser presidente del Poder Judicial, esto con motivo de la elección del nuevo titular del Jurado Nacional de Elecciones, dispuesta para el martes 15 de noviembre. Así lo señala la Resolución Administrativa N° 301-2016-P-PJ. Siendo Víctor Ticona (actual presidente del PJ) uno de los candidatos. De Valdivia, por ser el miembro más antiguo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, podría llegar a ser representante máximo de este poder del Estado.

Una operación limpieza con sabor a gloria.

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