Prisión preventiva contra Humala y Heredia: una decisión arbitraria e inútil

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Por: Fabiola Franceza Omonte

 

El jueves pasado el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la solicitud del fiscal Germán Juárez Atoche, y dispuso 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que se sigue en su contra. Rechazamos dicha decisión porque, como se demostrará en las líneas que siguen, no se cumplían los requisitos mínimos para sostenerla, hecho que también ha sido advertido por una mayoría de especialistas en el tema. Pero además, porque ha puesto en evidencia la existencia de un doble estándar: mientras en este caso primó el empeño –absolutamente injustificado– de enviarlos a la cárcel, las investigaciones vinculadas a Keiko Fujimori y Alan García, pese a indicios en su contra, se dejan de lado.

Para que pueda dictarse una medida de prisión preventiva, existen tres requisitos legales que tienen que cumplirse necesariamente. El primero es que existan graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito. El segundo es que la pena que se le pueda aplicar en una eventual sentencia condenatoria sea superior a los 4 años de prisión efectiva. El tercero y el más importante, pues es la razón de ser de la prisión preventiva, es el llamado peligro procesal, que puede presentarse en cualquiera de sus dos manifestaciones: peligro de fuga o peligro de obstaculización.

En consecuencia, el único propósito de la audiencia de prisión preventiva en el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, era evaluar si se cumplían o no dichos requisitos (especialmente el tercero), para en base a ello decidir si corresponde que enfrenten su proceso judicial desde la cárcel o en libertad (aunque con restricciones). Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió.

En la práctica, la audiencia se realizó como si se tratara de un juicio, desnaturalizándose por completo lo que debía ser una audiencia de prisión preventiva. Primero, porque duró casi 18 horas (sin contar interrupciones), lo cual es absolutamente incomprensible. Segundo, porque la mayor parte de la audiencia se concentró en la discusión del primer requisito (graves y fundados elementos de convicción), cuando lo fundamental era identificar la existencia o no del peligro procesal. Tercero, porque en el examen del primer presupuesto se analizaron pruebas, lo que solo es admisible en un juicio. Lo único que debía evaluarse en relación al primer requisito era si existe o no un alto grado de probabilidad de que los investigados sean responsables de los hechos que se le imputan, en base a la información obtenida durante los primeros recaudos. Se tenía entonces que analizar probabilidades (graves y fundadas), pero de ninguna manera pruebas.

Pero eso no fue todo, o mejor dicho, eso no fue lo único que olvidaron el fiscal Germán Juárez Atoche y el juez Richard Concepción Carhuancho. Lo más grave de su ya deficiente actuación por las razones expuestas, es que ni uno ni otro acreditó de manera correcta ni suficiente la existencia del requisito más determinante. Por el contrario, sustentaron la existencia del peligro procesal en base a interpretaciones que no se condicen con la naturaleza de la prisión preventiva.

En el caso de Humala, Concepción Carhuancho consideró que existe un alto grado de probabilidad de que eluda la acción justicia (peligro de fuga) y de que perturbe la actividad probatoria (peligro de obstaculización), por la existencia de tres nuevos elementos aportados por el fiscal Juárez Atoche: 1) la inasistencia a una citación fiscal, porque “da cuenta objetiva que no se presentó a la fecha que fue citado y eso grafica una conducta de eludir la justicia”; 2) la transferencia en calidad de anticipo de herencia a sus hijas de un departamento, que pondría en evidencia “su conducta de deshacerse de su patrimonio para hacer frente a la reparación a cargo del Estado” ; y 3) los audios del caso Madre Mía, dado que “conforme es un hecho público, logró el archivo o que sea absuelto de dicha causa en base a la presunta compra de testigos y es posible que esa conducta la vuelva a reiterar en el presente caso”.

Como argumentos adicionales, consideró la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado (que no es otra cosa que la gravedad del delito) –aunque estos dos criterios no son elementos nuevos, sino que ya habían sido tomados en cuenta para dictarle comparecencia restringida– y su pertenencia a una organización criminal. Además, señaló que si bien la defensa de Humala sostuvo que tiene arraigo laboral, familiar y domiciliario “ese tema se da por sentado, no se discute [ya] que hay otros factores que han dado cuenta del peligro procesal”.

La interpretación que hace el juez Concepción es francamente inaudita y lamentable, tanto en relación al peligro de fuga como al peligro de obstaculización. Nos explicamos.

Concepción ha sostenido la existencia del peligro de fuga fundamentalmente en la inasistencia a UNA citación fiscal y en el acto de desprenderse de su patrimonio para eludir el pago de la reparación civil. Estos son sus argumentos centrales, pero ninguno es válido. En el primer caso, porque no cabe tomar como elemento para dar prisión preventiva que no haya asistido una vez, así sin más, es decir, sin que se haya evaluado cuál fue el motivo, si hubo justificación o no, y sobre todo, sin tomar en cuenta que sí ha venido colaborando con la justicia en el marco de las investigación seguida en su contra. En el segundo, porque es un hecho vinculado a la reparación civil, que no tiene nada que ver con el peligro procesal.

Los elementos adicionales sobre los cuales se afirmaría la existencia de un peligro de fuga tampoco son suficientes. Ni la gravedad del delito ni la gravedad de la pena bastan por sí solos para sustentar que Humala eludiría la justicia, más aun si son criterios que ya fueron tenidos en cuenta anteriormente para dictarle comparecencia con restricciones. Del mismo modo, la pertenencia a una organización criminal, no puede ser tenida en cuenta como argumento porque su fundamentación ha sido mínima, sino inexistente; y es que además de señalarse todos sus componentes (organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención criminal) y la vinculación con el imputado, lo más importante es explicar cómo y por qué se configuraría el peligro de fuga al pertenecer a dicha organización, lo cual no se ha hecho.

Por último, la decisión del juez Concepción, de no discutir el arraigo es la distorsión máxima pues si bien no es un criterio determinante, es muy importante (a tal punto que es el primero que destaca la ley) y tiene que ser tomado en cuenta. No puede ser de otra manera, porque en una audiencia de prisión preventiva, en la cual está en juego la libertad de una persona que recién está siendo investigada, el juez tiene la obligación de examinar todos los hechos y argumentos a favor o en contra de la existencia del peligro procesal.

En relación a los audios del caso Madre Mía, que es el único argumento por el cual se sostiene que existe peligro de obstaculización, hay que señalar que tampoco es válido. De un lado, porque existe una sentencia firme según la cual no hubo compra de testigos; este es el argumento formal. De otro (y esta es la razón sustancial), porque en todo caso sería un hecho que no tiene que ver con el peligro de obstaculización, que supone evaluar posibles comportamientos a futuro. Esta posición, desde luego, es absolutamente al margen del caso Madre Mía, que de manera urgente debe ser esclarecido.

Ahora bien, en el caso de Heredia, Concepción también estimó que existe un alto grado de probabilidad de que eluda la acción justicia (peligro de fuga) y de que perturbe la actividad probatoria (peligro de obstaculización), por la existencia de cuatro nuevos elementos: 1) el poder otorgado a favor de Rosa Heredia y posteriormente revocado, por tratarse de una circunstancia que “evidencia un incremento en la posibilidad de fuga”; 2) su contratación por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), debido a que “habría sido un mecanismo de contratación de favor, para eludir la acción de la justicia”; 3) su conducta de haber negado el dinero que provenía de Kaysamac y luego aceptarlo; 4) su conducta de simular su puño gráfico. Califica a estas dos últimas, más el hecho de haber negado las agendas para luego aceptarlas (tema que ya había sido considerando cuando se le dictó comparecencia restringido) como actitudes obstruccionistas por tratarse de “constantes y premeditadas faltas a la verdad, que desvían el adecuado curso de las investigaciones”.

Estos argumentos también tienen que ser rechazados. Aquí el peligro de fuga se ha sustentado esencialmente en el poder otorgado a favor de Rosa Heredia y en la contratación de la FAO[1]. El primero no debe ser tenido en cuenta, porque ya fue revocado, pero sobre todo, porque este mismo argumento, que ya había sido examinado anteriormente respecto a Humala, sirvió en esa oportunidad para dictarle comparecencia restringida y no como un elemento para dar prisión preventiva. No se explica entonces, la diferencia de trato respecto a ambos. El segundo tampoco procede porque más allá que haya sido contratada por un tema de favor o no (y que difícilmente se puede afirmar sin más que ha sido una contratación irregular), fuere cual fuere el caso, ella regresó.

El peligro de obstaculización aludido tampoco existe. Se ha considerado como conductas obstruccionistas las diferentes versiones que ha dado a lo largo de la investigación, cuando ello no puede ser tenido en cuenta porque corresponde a la estrategia de defensa. Las consecuencias de esas diversas versiones se verán en el juzgamiento y la sentencia, no en una audiencia de prisión preventiva. Por si esto fuera poco, hay que añadir que en el requerimiento escrito del fiscal Juárez Atoche, se señalan estos hechos pero como aspectos a tener en cuenta en relación al peligro de fuga; es decir, no se invocó peligro de obstaculización respecto a Heredia.

Por lo expuesto, la decisión del juez Concepción Carhuancho  lejos de ser severa, legal y valiente, como algunos enfáticamente han afirmado, es más bien arbitraria e inútil. Cuando se dicta prisión preventiva, que es la medida más grave que se le puede interponer a una persona que aún no ha sido juzgada ni condenada, sin cumplirse los requisitos legales para ello, no estamos frente a un avance contra la impunidad o la corrupción, sino ante un retroceso, que coloca a presuntos corruptos en el lugar de víctimas y que pone en evidencia, una vez más, graves deficiencias e incongruencias en la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial.

(Foto: Jorge Tello, Exitosa)

[1] Como argumentos adicionales, también se han invocado gravedad de la pena, gravedad del delito y pertenencia a una organización criminal, pero sobre ellos apuntan las mismas críticas que se han señalado respecto al caso de Humala.

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