Pueblos indígenas y litigio estratégico en el Perú: un repaso anual

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Por: Álvaro Masquez Salvador

 

Litigar en favor de poblaciones altamente vulnerables continúa siendo un reto. La resistencia de la administración pública al respeto de sus derechos, la precariedad en las instituciones que conforman el sistema de justicia y el analfabetismo legal de las víctimas cincelan todavía un escenario adverso. Los vejámenes sufridos por pueblos indígenas sobresalen, en particular, entre los demás. Sin embargo, existen también experiencias exitosas a lo largo del país. Comunidades campesinas y nativas lograron su protección efectiva mediante mecanismos institucionales.

Durante este año, el Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal ha consolidado su rol de apoyo activo en varios de estos casos. El litigio, como herramienta, ha servido a las comunidades para incitar esperanza y reivindicación. Casos emblemáticos, como “Espinar”, “Cuninico”, “Múltiples afectaciones” y “Atuncolla”, ofrecen ejemplos claros y expectantes. De tal modo, situaciones relativas a industrias extractivas, contaminación, reparación a las víctimas del conflicto armado y territorio indígena han sido discutidas ante el Poder Judicial durante el 2016. Esta nota pretende hacer un repaso del desarrollo de los procesos judiciales y sus decisiones en estos y algunos otros casos.

Espinar y la intoxicación por metales pesados.

Margarita Ccahuana Córdova falleció en agosto del 2015, víctima –según señala su certificado de defunción– de un cáncer renal. Contribuyó significativamente a su intoxicación crónica por plomo y cadmio[1], dos metales pesados venenosos. Al igual que Margarita, el conjunto de la población campesina de Espinar, en Cusco, está expuesta a concentraciones peligrosas de varios metales pesados (mercurio, cadmio, arsénico, entre otros) por encima de los límites máximos tolerables por la Organización Mundial de la Salud. El Estado, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) y la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cusco (Diresa Cusco) tienen conocimiento pleno de esta situación. A la fecha, existen dos exámenes oficiales realizados en la zona que arrojan resultados alarmantes sobre la presencia de metales pesados y, por defecto, la salud de la población indígena. Empero, poco o nada se ha hecho hasta hoy para su protección.

La situación produjo que, en agosto del 2015, las comunidades de Huisa y Alto Huancané interpongan una demanda de cumplimiento ante numerosas instituciones públicas, responsables según las normas de velar por la atención médica de la población y contrarrestar las causas de contaminación. Durante el 2016, el Juzgado Mixto de Espinar recibió lentamente las respuestas dirigidas por los demandados. Además, resolvió las excepciones presentadas con el propósito de hacer claudicar tempranamente el proceso. Finalmente, en octubre, el juzgado anunció tener el caso listo para sentenciar. Es decir, durante las próximas semanas, las comunidades campesinas de Espinar sabrán si el Poder Judicial ordenará al Estado la atención integral y urgente de su salud, en riesgo, y la determinación científica de sus causas. Consideramos que el retraso del juzgado ha sido peligroso. La espera deberá valer la pena.

En este contexto, se logró además una victoria judicial importante sobre la Diresa Cusco, en un proceso de hábeas data. La Sala Civil de Cusco ratificó la decisión del Juzgado Mixto de Wánchaq y ordenó a la entidad entregar información sobre este caso al médico Fernando Osores Plenge. Esta información servirá para documentar de mejor forma la situación actual de la población en Espinar y destapar las irregularidades alrededor de la intervención estatal en la zona.

Cuninico y los derrames de petróleo en la Amazonía.

La situación de la Comunidad Nativa de Cuninico es similar. A partir de junio del 2014 sufre las consecuencias del derrame de 3 mil barriles de petróleo. Los problemas, al igual que en el Ande, son el estado de salud de la población y la remediación ambiental de la zona. La pesca, principal actividad económica en la comunidad, continúa siendo de alto riesgo. Los pescados están contaminados por hidrocarburos y hay que conseguirlos fuera. El agua, también. El estilo de vida local ha sido además profundamente alterado. Los varones trabajan todo el día en la limpieza, por fuera incluso del horario regular, y las mujeres soportan toda la carga del mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos. Los impactos en la salud son también graves. La situación, como ha sido señalado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es espeluznante. Durante los últimos 20 años han ocurrido 37 derrames similares en el Oleoducto Norperuano, en el corazón de nuestra Amazonía.

Los efectos de un derrame, como el visto en Cuninico, se multiplican a lo largo del país. Esto motivó a que la comunidad interponga una demanda de cumplimiento contra el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Loreto y otras instituciones públicas. Persiguen, básicamente, atención médica urgente y especializada la remediación de las áreas impactadas. Al igual que en Espinar, los demandados procuraron retrasar el proceso. Además, dado su número, resultó complejo para el Juzgado Mixto de Nauta notificarlos válidamente y atender sus respuestas. Sin embargo, hace varias semanas el juez encargado se comprometió a expedir una sentencia. Nuevamente, la lentitud en la administración de justicia ha empañado la eficacia que esta debiera tener en la protección de derechos. Hoy, la comunidad aguarda una respuesta favorable que les permita una vida con dignidad.

Conflicto armado y reparación a las víctimas.

El 2016 ha representado un año positivo para las víctimas del conflicto armado y sus familiares. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda presentda por Carlos Ruiz Huayllaccahua y ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). Ordenó a las entidades reparar integralmente a Ruiz, pues sufrió de discapacidad física permanente en el brazo de derecho, producto de ataques de Sendero Luminoso cuando ejercía el cargo de presidente rondero en Ayacucho, y el asesinato de su madre. El Estado le denegó una segunda reparación, pues consideró que bastaba repararlo por una grave afectación en sus derechos humanos, desconociendo sus obligaciones jurídicas.

Situación similar ocurrió con los esposos Juvenal Mansilla y Blanca Morales, cuyos hijos José Carlos y Alexander fueron asesinados por militares en Ayacucho. El Estado rehúso repararlos por ambas muertes. Su caso fue resuelto favorablemente por el Segundo Juzgado Civil de Condevilla, en Lima Norte.

Sin embargo, la sentencia a favor de Ruiz resultó especialmente importante, pues declaró el estado de cosas inconstitucional[2] y expandió sus efectos hacia otras 5,516 personas, según reporta la Defensoría del Pueblo[3]. Todas ellas no fueron reparadas de manera integral, a pesar de las violaciones múltiples que sufrieron durante el conflicto armado. No obstante, la sentencia ha sido apelada por la Procuradoría del Minjus. Así, estamos pendientes de su desarrollo en segunda instancia. De cualquier modo, este caso ilustra muy bien los efectos que perseguimos a través del litigio estratégico: la modificación de políticas públicas violatorias, de manera estructural, de derechos humanos en poblaciones vulnerables. Hoy en día, el Minjus ha anunciado la reparación integral a las víctimas y sus familiares. Esperamos atentos el cumplimiento de su promesa.

 

Atuncolla y la defensa del territorio indígena.

Finalmente, este año concluye de forma positiva para el movimiento de derechos humanos y las organizaciones indígenas. Hace poco, la Sala Civil de Puno revocó la sentencia del Tercer Juzgado Civil de Puno y declaró la demanda de amparo interpuesta, en diciembre del 2012, por 11 comunidades campesinas del distrito de Atuncolla: Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, Virgen Soledad de Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico. Las comunidades exigieron que las concesiones otorgadas a terceros por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) sean declaradas nulas, pues lesionaban su derecho al territorio.

La demanda se amparó, principalmente, en el modo arbitrario de notificarles el inicio de un procedimiento de otorgamiento de concesión minera, realizado enteramente a sus espaldas y mediante mecanismos culturalmente inadecuados[4]. Así, las comunidades no tienen oportunidad de, si así lo creen conveniente, oponerse en la vía administrativa. Esto fue reconocido por la sala y ordenó al Ingemmet la consulta de las concesiones emitidas y, en adelante, no volver a incurrir en estas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Esta sentencia es histórica, pues reconoce la necesidad de respetar la identidad cultural de comunidades campesinas y no disponer arbitrariamente de su territorio. Esperamos, con optimismo, que este caso se convierta en un precedente hacia el futuro. Mientras tanto, continuaremos en esta lucha.

(Foto: Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno)

[1] Para más información, consultar: http://www.justiciaviva.org.pe/blog/la-contaminacion-en-espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-victimas-4/

[2] Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el estado de cosas inconstitucional se utiliza para «aquellos casos en los que por excepción se constata que las conductas cuestionadas pueden afectar a un número indeterminado de personas es que se acude a instituciones como la planteada por el solicitante. En tales circunstancias y a fin de evitar la innecesaria reiteración de demandas sobre un asunto respecto del cual el juzgador constitucional ya se pronunció (y por lo tanto ya se conoce su posición al respecto), es que se opta por declarar el “estado de cosas inconstitucionales” fundamentalmente con el propósito que la autoridad, funcionario o persona, proceda en lo sucesivo de la manera como el juez constitucional lo viene estableciendo en su sentencia» (Exp. N° 00006-2008-AI/TC, fundamento 5).

[3] Defensoría del Pueblo (2014). Informe de Adjuntía N° 008-2014-DP/ADH/PD: Balance del nivel de cumplimiento del Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI). Lima, p. 10.

[4] Para más información, consultar: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1415

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