Reparación a víctimas del conflicto armado: Poder Judicial examina el caso de Carlos Ruiz Huayllaccahua

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Por: Álvaro Masquez Salvador

En mayo de 2015, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Carlos Ruiz Huayllaccahua, contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN). La sentencia ordenó a las entidades reparar integralmente a Ruiz, por cada grave afectación sufrida en sus derechos humanos.

En octubre de 1989, fue presidente de la Ronda Campesina de Ayahuanco y herido de gravedad durante una emboscada terrorista. Poco después, sus lesiones le produjeron discapacidad permanente en el brazo izquierdo. El ensañamiento contra Ruiz continuó y lo forzó a abandonar Ayacucho, junto con su familia. En enero de 2000, tras su retorno, comandos terroristas torturaron y asesinaron a su madre. La legislación en materia de reparaciones a las víctimas del conflicto armado previó la reparación de situaciones como esta. Sin embargo, el Estado rehúso durante mucho reparar a Ruiz por el asesinato de su madre.

Al igual que su caso, otros 5 mil 515 beneficiarios del Plan de Reparaciones Económicas (PRE) que registran más de una afectación en sus derechos humanos no han sido reparados integralmente[1]. Al respecto, la sentencia dictada por el Quinto Juzgado Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional. En consecuencia, ordena al Minjus y la CMAN, en el plazo de cuatro meses, «procedan con la entrega de las reparaciones que prevé el Plan Integral de Reparaciones […] a razón de una reparación por hecho agraviante». La figura utilizada por la juez, originaria del derecho colombiano, expande los efectos de la sentencia por fuera de las partes procesales y da solución a un contexto de violación sistemática y generalizada de derechos fundamentales.

El reciente 18 de enero, la Primera Sala Civil de Lima –a cargo actualmente del caso– realizó una audiencia para la vista de la causa. Entonces, el procurador público encargado de los asuntos del Minjus solicitó la sustracción de la materia. Por el contrario, nosotros pedimos a la Sala Superior que confirme la sentencia, de primera instancia, en todos sus extremos, tanto sobre la reparación a Ruiz como a los otros 5,515 beneficiarios.

La postura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

La demanda de amparo fue presentada en junio de 2015. Entonces, el Gobierno hizo esfuerzos por evadir la obligación de reparar a las víctimas. El Informe N° 82-2013-JUS/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minjus, concluyó que la reparación era un derecho legal y, como tal, podía ser regulado discrecionalmente por el Estado, sin mayor consideración. Además, estimo que aquellas víctimas que sufrieron más de una afectación debían ser reparadas solo con una. Según el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, su monto asciende a 10 mil soles.

El Minjus mantuvo esta postura durante el trámite del proceso, incluso tras la victoria judicial de Ruiz. Así, a través de su Procuradoría Pública, apeló la sentencia. Sin embargo, hoy en día la situación es diferente. Marisol Pérez Tello, actual titular del ministerio, anunció en el decimotercer aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en agosto de 2016, el cumplimiento de la sentencia a favor de Ruiz. Es decir, las víctimas serán reparadas integralmente. Desde el Instituto de Defensa Legal, celebramos esta decisión. El empuje de la ministra Pérez Tello y sus viceministros, Edgar Carpio Marcos y Gisella Vignolo Huamaní, permitirá que miles de personas reciban un tratamiento más digno. También debemos resaltar el apoyo de la asesora Marlene Román López, incondicional para el sostenimiento del caso.

Sustracción de la materia y el amparo innovativo

Sin embargo, a diferencia de lo sostenido por el procurador público, no creemos pertinente que la Sala Superior declare la sustracción de la materia. Según señaló el procurador público, su solicitud respondería al cese en la afectación de los derechos de los beneficiarios de la declaración del estado de cosas inconstitucional, con base a un nuevo contexto político y jurídico.

La sustracción de la materia opera cuando la demanda es satisfecha por fuera del proceso o cuando lo que se pretende deviene en imposible de obtener. Según señala Eto Cruz, por sustracción de la materia se entiende dos figuras excluyentes y no copulativas:

  1. Porque en principio, ha cesado la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor. Aquí se ha perpetrado el acto lesivo, ha existido agravio o amenaza; pero luego y motu proprio el sujeto emplazado por la demanda cesa la agresión; es decir, interrumpe el acto lesivo […].
  2. La segunda variante de la sustracción de la materia ocurre cuando el acto lesivo ha devenido en irreparable; esto es el agravio ya no puede resarcirse a su estado de primigeneidad, lo que comportaría1que el titular del derecho fundamental menoscabado no pueda ejercerlo por irreparabilidad material […][2].

En este caso, no ocurre alguno de ambos supuestos, puesto que la agresión a los derechos fundamentales de los beneficiarios del estado de cosas inconstitucional no se satisface con asumir el compromiso político de repararlos integralmente. El nuevo contexto político y jurídico, señalado por el procurador público, no genera directamente cambios en las agresiones sufridas por los beneficiarios, que continúan. Estas, por otro lado, tampoco han venido en irreparables.

Sin perjuicio de lo señalado, incluso en el supuesto en que pudiera considerarse que la afectación de los derechos fundamentales de los beneficiarios del estado de cosas inconstitucional ha desaparecido, la Sala Superior no debiera declarar la substracción de la materia, pues se encontraría frente a un amparo innovativo. Tiene su fundamento en el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el cual dispone:

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda [resultado nuestro].

Así, ante la pérdida de objeto de la demanda de amparo, el juez constitucional deberá aún dictar una sentencia sobre el fondo de la cuestión controvertida, a fin de evitar futuros actos lesivos iguales al constatado. Lo hace a pesar de que el hecho lesivo ha desaparecido o se ha vuelto irreparable. Esta figura, según señala Eto Cruz, ha sido tradicionalmente identificada con el proceso de hábeas corpus innovativo; sin embargo, afirma también la existencia de un amparo innovativo[3]. No debemos perder de vista que el artículo 1 del Código Procesal Civil es una disposición general aplicable a los procesos constitucionales de la libertad: hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Así, sus efectos inciden también sobre el proceso de amparo.

En principio, los procesos constitucionales de la libertad tienen carácter restitutivo; es decir, persiguen reponer las cosas al estado anterior a la afectación de derechos fundamentales. Sin embargo, también «buscan tomar medidas para asegurar que no vuelva a producirse la afectación que dio origen al proceso constitucional»[4]. Se trata de una garantía de no repetición.

En tal sentido, Castillo Córdova señala que «la defensa de los derechos constitucionales propuesta como finalidad de los procesos constitucionales, no solo supone reponer las cosas al estado anterior de cometida la agresión del derecho constitucional, sino que puede suponer otras vías complementarias de aseguramiento del derecho constitucional, con la finalidad de evitar que vuelva a ocurrir esa agresión»[5]. Esto, además, se relaciona con una interpretación pro libertatis, que exige interpretar las normas de manera más favorable a la vigencia efectiva de los derechos humanos. De tal forma, no existen razones para que se declare la sustracción de la materia.

Por el contrario, la Primera Sala Civil de Lima tiene razones para confirmar la sentencia de primera instancia. Situaciones como la que padecieron Ruiz y padecen aún otras miles de víctimas del conflicto armado interno, no tolerables en un Estado auténticamente social y constitucional de Derecho, deben ser resueltas pronta y adecuadamente por el Poder Judicial. Como ya hemos señalado, esta es la ruta de la reconciliación.

*Leyenda foto: Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de Carlos Ruiz Huayllaccahua, durante la reciente audiencia de vista de la causa.

[1] Defensoría del Pueblo (2014). Informe de Adjuntía N º 008-2014-DPIADHIPD: Balance del nivel de cumplimiento del Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI). Lima, p. 4.

[2] Eto Cruz, Gerardo (2013). Tratado del proceso constitucional de amparo, Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, p. 505.

[3] Eto Cruz, op. cit, 504.

[4] Castillo Córdova, Luis (2006). Comentarios al Código Procesal Constitucional, Tomo I. Lima: Palestra Editores, p. 130.

[5] Ibídem

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