Se espera justicia: Ministerio Público investigará muerte de manifestantes en Curimaná

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Por: Saul Eduardo Romero Ángeles

 

Desde tempranas horas del dos de noviembre del 2016, un grupo de aproximadamente doscientas personas del distrito de Curimaná en la región de Ucayali, se encontraba realizando una protesta pacífica en contra del entonces alcalde Loiber Rocha Pinedo, quien afronta múltiples cargos por actos de corrupción que no solo implican cuantitativamente sumas por varios millones de soles, sino también el manejo de las instituciones que administran justicia.

 

Los hechos del dos de noviembre

Las manifestaciones en la Plaza de Armas del distrito obedecían a una causa: impedir que Rocha regrese a la alcaldía, pues las diversas irregularidades cometidas durante su gestión y la decisión judicial de cese de prisión preventiva, eran de público conocimiento por parte de los residentes locales.

Un grupo de aproximadamente setenta efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) reprimió sin mediación ni aviso de ningún tipo a los manifestantes, utilizando por lo menos 30 bombas lacrimógenas. Debido a que los ataques significaban una seria afectación, algunos manifestantes optaron por defenderse, usando instrumentos de más fácil acceso, tales como piedras y palos.

Momentos después, funcionarios y simpatizantes de Rocha llegan al distrito en dos camionetas para ingresar raudamente al local partidario, establecimiento ubicado a pocos metros de la plaza donde se realizaba la protesta.

Es a partir de este suceso que se escuchan disparos de arma de fuego y varios manifestantes resultan heridos con balas de perdigones. Al mediodía, Ney Torres Guerra y Guillermo Zatalaya Fasanando son impactados por proyectiles en el ojo izquierdo y en la región del abdomen respectivamente, pero a pesar de que fueron socorridos los esfuerzos fueron en vano porque ya habían perdido la vida.

Del análisis de lo descrito, materialmente es difícil afirmar que las muertes fueron originadas por perdigones. Si consideramos que un promedio de veintidós manifestantes resultaron heridos por estos proyectiles, y que la distancia entre los disparos y las personas era de al menos cincuenta metros, es lógico decir que tal relación no existe. Una bala de arma de fuego sí tiene mayor alcance y sí puede despojar la vida al instante.

 

La investigación fiscal

La Fiscalía Provincial Mixta de Irazola – Padre Abad Von Humboldt, presidida por Gisella Paola Soto Galarza abrió una investigación por estos hechos, calificándolos erróneamente como violencia contra la autoridad, violencia contra autoridades elegidas, disturbios e increíblemente y sin tener en cuenta que hay personas que perdieron la vida, por el delito de lesiones culposas.

Entonces, la Fiscalía dispone investigar al Gobernador del Distrito de Curimaná, al Presidente de la Ronda Campesina de Curimaná, al Presidente de Defensa del Distrito de Curimaná y a los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de violencia contra la autoridad en agravio del Estado – PNP y diversos efectivos policiales, por el delito de violencia contra autoridades elegidas en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Curimaná y Loiber Rocha Pinedo, y por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios en agravio del Estado y Efraín Aira Simon, Velmer Mas Guerra, Luis Torres Nuñez y Zenon Arévalo Sajami.

Contra Geiner Tuanamá Tuanamá, alias “Lamas” y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios en agravio del Estado y de Ney Torres Guerra y Guillermo Satalaya Fasanando.

Y contra Eli Martínez Santillán Vilca por el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado, pese a que en el momento de los hechos se encontraba en la ciudad de Lima.

Así, la calificación dispuesta por la Fiscalía es:

 

Investigados

Delito

Agraviado

 

Gobernador del Distrito de Curimaná

Presidente de la Ronda Campesina de Curimaná

 

Presidente del Frente de Defensa del Distrito de Curimaná

 

Los que resulten responsables

 

 

 

 

Violencia contra la autoridad

Violencia contra autoridades elegidas

Disturbios

 

 

Estado y diversos efectivos policiales

Estado (Municipalidad) y Loiber Rocha Pinedo

 

Estado y Efraín Aira Simon, Velmer Mas Guerra, Luis Torres Nuñez y Zenon Arévalo Sajami.

 

Investigados

Delito

Agraviado

 

Geiner Tuanamá Tuanamá y los que resulten responsables

 

Disturbios

Estado y Ney Torres Torres Guerra y Guillermo Satalaya Fasanando

 

 

Investigado

Delito Agraviado
 

Eli Martínez Santillán Vilca

 

Grave Perturbación de la tranquilidad pública

 

Estado

 

 

La denuncia de los hechos

El Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Curimaná, organización presidida por Eli Santillán Vilca, comunicó los hechos a diversos medios de prensa, lo que originó que se redacte diversos artículos periodísticos y que la noticia obtenga alcance nacional.

Pero también, el Instituto de Defensa Legal denunció penalmente al alcalde Rocha, quien habría ordenado que se dispare contra los manifestantes, a Geiner Tuanamá Tuanamá, quien sería responsable de haber disparado el arma de fuego que finalmente acabó con la vida de los dos manifestantes, y contra todas las demás personas que podrían tener una responsabilidad adicional.

Dicho oficio fue presentado ante la Secretaría General del despacho del Fiscal de la Nación, quien derivó el contenido al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, quien a su vez comunicó a la Fiscalía Provincial Mixta de Irazola – Padre Abad Von Humboldt para que inicie la respectiva investigación.

Así, el 27 de febrero del presente año, de conformidad a los hechos denunciados y al derecho, la Fiscalía dispuso la apertura de la investigación preliminar por el delito de homicidio calificado, en atención a las muertes ocurridas tras la protesta de los manifestantes de Curimaná.

La investigación está ahora en manos de la fiscal adjunta Julia Antonia Fernández López. Esta primera disposición señala que se recabe las respectivas declaraciones, que se oficie al Jefe del Instituto de Medicina Legal de Ucayali para que remita los Protocolos de necropsia de las víctimas, que se practique la diligencia de visualización del DVD presentado como medio de prueba, y otras diligencias si fueran necesarias.

Pese a que la Fiscalía es presidida por la cuestionada fiscal Soto Galarza, esta última disposición es de suma relevancia, pues califica penalmente los hechos tales como ocurrieron, citando a Rocha y a Tuanama para el 20 de marzo próximo.

 

¿Qué se le imputa a Rocha?

Los cargos que involucran seriamente al entonces alcalde Rocha incluye haber favorecido la contratación de una empresa en el proceso de licitación para la adquisición de maquinarias formalmente señaladas como nuevas, pero que se dañaron al poco tiempo y que posteriormente se descubrió que en realidad eran de segundo uso.

Rocha también tendría cierto poder en la Fiscalía y el Poder Judicial, pues en reiteradas ocasiones por el proceso que se le sigue por los hechos relacionados a las maquinarias, el Juez de Paz Letrado Valentín Macedonio Valentín Paulino declaró fundado todos los pedidos de cese de prisión preventiva, apartándose de lo resuelto por la Sala Superior, que declaró infundado dichos pedidos.

 

Línea procesal sobre la prisión preventiva de Rocha

Al poco tiempo de habérsele dictado mandato de prisión preventiva, Rocha solicitó el cese de la medida. En una resolución carente de fundamentos legales válidos, el Juez de Paz Letrado Valentín Macedonio Inocente Paulino resolvió declarar fundado este pedido, dictando comparecencia con restricciones y su inmediata libertad.

A partir de esa fecha, Rocha presentó diversos pedidos similares, siendo absolutamente acatados por Inocente Paulino:

  • El 23 de junio del 2015, la Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de Ucayali revocó y declaró infundada la resolución que declaró fundada la solicitud de cese de prisión preventiva, ordenando su captura e internamiento.
  • El 2 de noviembre del 2015, el Juez de Paz Letrado Valentín Macedonio Inocente Paulino declaró fundado el sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra Rocha, dispuso que se archive definitivamente, se levante las medidas coercitivas y que se anule los antecedentes policiales.
  • El 16 de marzo del 2016, la Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de Ucayali revocó la resolución que declaró fundado el sobreseimiento, dispuso la ubicación y captura y ordenó que se continúe con el proceso.
  • El 29 de marzo del 2016, el juez de paz letrado Valentín Macedonio Inocente Paulino declaró nuevamente fundada la solicitud de cese, dictando comparecencia con restricciones y dejando sin efecto las órdenes de captura.
  • El 5 de mayo del 2016, la Sala Penal declaró la nulidad de la resolución que declaró fundado la solicitud de cese, ordenó la ubicación y captura, y dispuso que se remitan copias de los actuados a la Oficina del Control de la Magistratura (ODECMA).
  • El 16 de septiembre del 2016, el juez supernumerario Jesús Manuel Rossell Castañeda del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, resolvió declarar fundada la solicitud de cese, sustituyéndola por comparecencia con restricciones y el levantamiento de las órdenes de ubicación y captura.

Finalmente, el 15 de noviembre del 2016, la Sala Penal de Apelaciones revocó la resolución de cese de prisión preventiva y la declaró infundada. Ordenó que se cursen los oficios respectivos para su captura e internamiento. Y dispuso que se remitan copias de los actuados a la ODECMA.

 

La situación actual

Como se vio, los jueces Inocente Paulino y Rossell Castañeda siempre favorecieron los requerimientos del ahora ex alcalde Rocha, ignorando lo dispuesto por la Sala. Pese a los distintos cargos que pesan en su contra y considerando los hechos, hasta la fecha no hay mayor avance en las investigaciones por el delito de colusión.

Actualmente, Rocha Pinedo se encuentra prófugo de la justicia. Pese a que se ordenó su ubicación y captura, el mandato judicial no ha sido efectuado. ¿Acudirá a la citación dispuesta para el día 20 de marzo? Aunque probablemente no, esperemos que en esta nueva investigación lo actuado se resuelva conforme a derecho.

(Foto: La República)

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