Se restablecerá la distribución gratuita de la AOE

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Por: Fabiola Franceza Omonte

 Hace pocos días, el Primer Juzgado Constitucional de Lima ha dictado una medida cautelar que pone fin a una situación de absoluta injusticia para las mujeres de nuestro país.

Desde el 2009, por mandato del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Salud tenía prohibido distribuir gratuitamente el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) o “píldora del día siguiente”. Siete años después y como respuesta a la solicitud de medida cautelar presentada por la ciudadana Cristina Gómez Hinostroza en el marco de un proceso de amparo, el Primer Juzgado Constitucional de Lima ha ordenado restablecer, de manera provisional, su distribución gratuita en todos los centros de salud del país.

El Primer Juzgado Constitucional ha dictado la medida cautelar, en la medida que se cumplían los presupuestos para otorgarla, es decir, (i) la casi certeza de amenaza o vulneración de los derechos constitucionales invocados, y (ii) el peligro inminente de que dichos derechos se afecten de manera irreparable. Y para arribar a esa conclusión, sus principales argumentos han sido los siguientes:

  • Que si bien el Tribunal Constitucional estimó que existía una duda razonable respecto a un posible efecto abortivo de la píldora del día siguiente, también afirmó que su decisión “de ninguna manera podría pretender ser inmutable” y que “si en el futuro se llegase a producir niveles de consenso tales respecto de la inocuidad del levonorgestrel para el concebido, evidentemente tendría que cambiarse de posición”.
  • Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “píldora del día siguiente” tiene un efecto preventivo del embarazo y no un efecto abortivo; y que con posterioridad a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, se han presentado otras evidencias que permiten admitir razonablemente que no constituye una píldora abortiva.
  • Que si bien para el Tribunal Constitucional la concepción ocurría antes de la implantación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, que existe concepción desde el momento en que el embrión se implanta en el útero de la madre y no antes. A partir del control de convencionalidad, ello hace variar de manera sustancial los argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional.
  • Que conforme a lo decidido por el Tribunal Constitucional, en la actualidad solo se encuentran imposibilitadas de acceder al consumo de este anticonceptivo las personas de escasos recursos, pues no se impidió su comercialización, sino solo su distribución gratuita; y que esto constituye en la práctica una discriminación por condición económica, que se encuentra prohibida en la Constitución (artículo 2, inciso 2).
  • Que el derecho a la salud se encuentra vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos (a la no discriminación, a la igualdad, a la vida privada, entre otros) que en atención al principio de equidad deben ser reconocidos.
  • Que la no distribución gratuita de la “píldora del día siguiente” incide en el desarrollo a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, pues el goce de dichos derechos permite el pleno ejercicio de la vida privada y la dignidad de la persona, entre otros.

La decisión ha sido justa y por eso, lo que corresponde es que la sentencia final del proceso de amparo en curso se oriente en el mismo sentido, cumpliendo con proteger los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres peruanas, sin discriminación. Frente a lo avanzando, ya no podemos (volver a) retroceder. Siete años de injusticia ha sido suficientes.

(Fuente de foto: Vídeo Canal N)


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