Sentencia en el caso Cuninico: Poder Judicial ordena diseño e implementación de política pública en salud

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Por: Área de Litigio Constitucional del IDL y
Comisión de Justicia, Paz y Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos

 

El pasado 14 de septiembre, el Juzgado Mixto de Nautanos notificó la sentencia en el caso Cuninico, el proceso de cumplimiento presentado por las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Santa Rosa contra diversos órganos del Estado (entre los que destacan el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Loreto y Petroperú S.A.), por no atender a la población afectada por el derrame de 2500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, ocurrido en junio del año 2014, en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto.

Es importante explicar que los procesos de cumplimiento son procesos constitucionales, que tienen por objetivo que los jueces controlen la inacción administrativa. En este caso, los demandantes advertimos que diversos sectores del Estado, especialmente los vinculados con salud, no cumplían con sus obligaciones legales de protección de las comunidades afectadas por el derrame, luego que éste ocurriera.

 

  1. Se ordena diseño e implementación de política pública a favor de afectados por derrames, y monitoreo de salubridad del agua

Lo interesante de esta sentencia es que un juez, en el marco de un proceso constitucional, acaba de ordenar al Ministerio de Justicia el diseño e implementación de una política pública de protección a la salud de las comunidades afectadas. Dice la jueza en su fallo:

“1) Se ORDENA

 al Ministerio de Salud y la Dirección General de Epidemiologia, dentro del plazo de treinta días, diseñen e implementen una Estrategia de Salud Pública de emergencia, que permita establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, incluyendo el monitoreo constantes de los estándares de salubridad del agua; asimismo ejecuten un programa de asistencia y atención en salubridad a la población, en especial a los niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores, a efectos de identificar a las personas que pudieron haber sido afectadas por las consecuencias del derrame de petróleo y brindarles la atención médica pertinente”.

Adviértase que le da 30 días de plazo al Ministerio de Salud para que diseñe e implemente esta “Estrategia de salud pública de emergencia”. Dos son las finalidades. Una, es el “Programa de atención médica” y “Vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria” a las personas de las comunidades nativas afectadas por el derrame de 2500 barriles de petróleo antes mencionado. Pero no queda ahí. Además, establece la obligación de hacer monitoreo “constante” de los estándares de salubridad del agua.

 

  1. Jueza hará seguimiento del cumplimiento de la sentencia

El trabajo de los jueces no acaba cuando se dicta sentencia, sino cuando ésta se haga efectiva. Y en el caso de un proceso constitucional, cuando el derecho ha sido restituido. Y en el caso de un proceso de cumplimiento, cuando se ha cumplido con el mandato legal incumplido. El nivel de incumplimiento de las sentencias es elevado en nuestro país. Por eso resulta sumamente importante que la Jueza de Nauta le pida al MINSA un informe documentado de la ejecución de su sentencia a los 30 días de emitido el fallo. Eso significa que la jueza hará seguimiento a la ejecución de la sentencia, algo no muy común en nuestro país, y que dice mucho del compromiso de esta con los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables.

“Se ordena que el Ministerio de Salud y la Dirección General de Epidemiología, transcurrido el plazo mencionado en el punto precedente, informe documentadamente sobre el avance de la ejecución de la estrategia de salud y salubridad, al Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto Nauta, respecto de las acciones tomadas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente”.

 

  1. Se exhorta a gobiernos locales y al Gobierno Regional de Loreto a participar en la protección de la salud

Pero no es el único organismo que tiene que intervenir. La jueza exhorta a diversos gobiernos subnacionales a participar en este proceso de atención y protección de las comunidades afectadas. No pueden ponerse de costado, entonces, el Gobierno Regional de Loreto y los municipios distritales y el provincial. Dice la jueza en su fallo:

“Se exhorta al Gobierno Regional de Loreto, a la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta que, en coordinación con las Municipalidades Distritales, participen urgentemente, en las acciones de ejecución que permitan la protección de la salud de los pobladores de las Comunidades afectadas, debiendo priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores”.

 

  1. Se apercibe a los funcionarios a fin de que den cumplimiento a la sentencia

Ahí no queda todo. La jueza, de conformidad con el artículo 22 del Código procesal Constitucional, apercibe a los funcionarios a cumplir con su fallo, advirtiendo que de no hacerlo, les impondrá multas acumulativas individualmente de 20,500 soles. En un país donde las leyes se acatan pero no se cumplen, esto dice muy bien de la magistrada que se toma en serio su labor.

“Todo ello, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, imponérseles a los responsables de las instituciones una multa compulsiva y progresiva de 50 URP, la misma que será pagada de forma individual”.

 

  1. Enfoque de impacto diferenciado

Otro de los aportes de la sentencia es el enfoque de los impactos diferenciados del derrame de petróleo. El derrame no ha afectado a todos por igual, ha atenido un impacto más intenso y dañino en niños, mujeres, ancianos, gestantes. Este impacto diferenciado lo explicó bien Flor de María Paraná en la audiencia pública ante la CIDH, en junio del año 2015 (escuchar su intervención a partir del minuto 22 en este video).

 

  1. El gran resultado: Destrabar la inacción del Estado

Varios son los impactos de esta sentencia, sin embargo, en nuestra opinión, ha servido sin lugar a dudas y sobre todo para destrabar la inacción del Estado, especial y fundamentalmente de los órganos de salud, luego del derrame de Cuninico. Pero no solo de ellos. Varios sectores del Estado, luego de la demanda, comenzaron a asumir sus obligaciones (aunque no en la forma esperada). A pesar de todo, cabe señalar que tenemos varias discrepancias con el fallo, fundamentalmente cuando rechaza el pedido de compensación que Petroperú debe realizar a los afectados. La juez dice que la vía correspondiente es un proceso civil de indemnización. Nosotros consideramos que el ítem 4, del anexo 4 del D.S. Nº 081-2007-MINEM, contiene un mandato a Petroperú para que identifique a los afectados y haga un balance de los daños.

En otro artículo explicaremos con más detalle los otros impactos de la sentencia.

(Foto: IDLADS)

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