Sin transparencia y sin garantías: 10 puntos sobre la grave imposición a dedo de un abogado en el Tribunal Constitucional

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Por: Programa Justicia Viva, del IDL

 

La Comisión Especial de “elección” del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional está incurriendo otra vez en un acto antidemocrático que pone en peligro la independencia del Tribunal Constitucional (TC). La forma como pretende consumar esa “elección” y el perfil del virtual magistrado así lo refieren. En ese escenario, se ha programado para el viernes 25 de agosto la presentación de la candidatura de Augusto Ferrero Costa al Pleno del Congreso para que sea votada.

Hay diversas razones por las que esta “elección” es perjudicial para el régimen democrático en el país y el fortalecimiento del TC. Señalamos algunas a continuación:

 

  1. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permite la elección por invitación, pero no es la regla y tampoco debe ser en desmedro del principio de transparencia

El artículo 8 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Nº 28301, LOTC) indica que una modalidad de elección de magistrados del Tribunal Constitucional es la “Especial”. A diferencia de la modalidad “Ordinaria”, que es la primera opción y la manera regular, en la “Especial” no se realiza una convocatoria pública para la presentación abierta de candidatos, ni tiene una vía formal específica para que la ciudadanía presente tachas debidamente documentadas sobre esas candidaturas:

“2. Especial

La Comisión Especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos, efectuando la convocatoria por invitación.”

Si bien esta modalidad hace referencia al “juicio” de los congresistas de la Comisión de Selección, para decidir qué personas son aptas para el cargo, en ningún momento se exime de la obligatoriedad de que los criterios adoptados para ello sean públicos y transparentes. Tampoco se exime de la posibilidad de que el candidato pueda exponer públicamente sus méritos, ni mucho menos, se permite que el proceso con el que se plantean esos criterios y su razonabilidad sea secreto. Mucho menos se ha explicado por qué se opta por la modalidad de elección “especial”. Nada de lo anteriormente dicho se conoce.

En ese sentido, los congresistas que han optado por que así sea, están vulnerando principios constitucionales de transparencia y publicidad básicos de toda democracia, y de forma agravada al tratarse de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Se está abandonando, además, esas garantías mínimas que aportan la transparencia y la publicidad para prever redes de interés particular existentes en este tipo de elecciones.

Como se sabe[1], “La candidatura de Augusto Ferrero recibió el respaldo de la bancada fujimorista de Fuerza Popular, de Peruanos por el Kambio (PPK), el Partido Aprista Peruano, Alianza por el Progreso (APP) y Acción Popular (AP). Según informó el vocero fujimorista, Daniel Salaverry, el Pleno del Congreso se reunirá el próximo viernes 25 para ratificar la candidatura de Ferrero, quien reemplazaría en el cargo a Óscar Urviola Hani. Tras la votación, el vocero de la bancada aprista, Jorge del Castillo, calificó a Ferrero Costa como un “jurista de primer nivel” (Andina, 15 de agosto del 2017).

¿Cómo se puede exigir que esas condiciones se concreten, si es que existe una mayoría aplastante en el Congreso que no atiende estas obligaciones?

 

2. No se sabe cuáles fueron los criterios que promovió el consenso de diversas bancadas, ni por qué se escogió a Ferrero Costa

Además de no existir ese procedimiento  mínimo de transparencia en la “elección” “especial”, no se ha señalado qué criterios se establecieron para el o los candidatos buscados, y tampoco se conoce por qué el candidato propuesto (el abogado Augusto Ferrero Costa) es el mejor perfil que se pudo proponer.

3. Se ha propuesto a un solo candidato, a pesar de que eso fue criticado por los mismos congresistas en la “elección” del Contralor

Si bien la LOTC permite la presentación de un solo candidato, el que éste haya sido “elegido” sin que se sepan los criterios y razones que descartaron otras postulaciones, hace criticable aún más la decisión de los congresistas. Fuera de la norma, por cierto, fue el propio Congreso el que cuestionó la idoneidad y prudencia de que se presentara un solo postulante a un cargo de elección parlamentaria.

“Lo que cuestionaron todos los parlamentarios consultados, es que Kuczynski haya cerrado la elección a un solo candidato, y no haya enviado una terna entre los que escoja el parlamento, lo que hace más difícil se produzca el resultado que espera el gobierno.”[2]

 

4. Han existido propuestas para dotar de transparencia esta elección, pero han sido obviadas o rechazadas

El Congreso avanza en esta “elección” sin transparencia a pesar de contar con fórmulas planteadas. A fines del año pasado por ejemplo, el congresista De Belaunde presentó un proyecto de ley donde se planteaba un proceso detallado de elección de magistrados del TC como de otras altas autoridades del sistema de justicia. Y en esta “elección” concretamente, el representante del Frente Amplio propuso un reglamento mínimo, pero no fue aceptada.

 

5. Se consolida una forma de “elección” donde los favorecidos son personas relacionadas a partidos políticos muy cuestionados

Un ejemplo de ello es la elección del actual Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez (cuya elección en proceso de elección anterior fue rechazada a la luz de diversas críticas), o la elección de nuevos integrantes en el Banco Central de Reserva (José Chlimper, Elmer Cuba y Rafael Rey; personas allegadas al partido fujimorista con serias críticas).

 

6. La asistencia al almuerzo organizado por Carlos Mesía en el 2012: ¿garantía de independencia judicial?

A pesar de las credenciales académicas de Augusto Ferrero Costa, hay serios cuestionamientos a su postulación que no lo convierten en el perfil que necesita el TC en estos momentos.

Fue asesor legal del cardenal Cipriani y asistió junto a Natale Amprimo (también asesor) a un almuerzo que en el año 2012 organizó Carlos Mesía[3]. Mesía en ese momento era magistrado del Tribunal Constitucional, instancia en la que se encontraba el litigio entre el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este hecho constituyó una seria inconducta funcional que violó la apariencia de independencia que se exige a todo magistrado, por lo que se pidió una investigación. Y respecto de los abogados también, toda vez que asistir a una reunión, fuera de las oficinas del TC, promovida por un magistrado que se pronunciará sobre la causa que uno patrocina, vulnera la independencia judicial. Ferrero Costa no debió haber asistido por su asesoría ya que se vulneran bienes jurídicos de la magistratura. En ese entonces, el IDL señaló mediante un comunicado[4] que:

“1. Ayer 13 de Septiembre del 2012, el programa periodístico “Prensa Libre” que conduce la reconocida periodista Rosa María Palacios, difundió un vídeo que da cuenta de un almuerzo, sostenido en el ya conocido restaurante “Brujas de Cachiche”, entre el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, con un grupo de comensales luego de la presentación del libro de su esposa, abogada que -increíblemente- también trabaja como asesora en el TC. En el mismo también participaron los magistrados Gerardo Eto Cruz y Óscar Urviola.

2. Este evento social no tendría nada de malo -el matrimonio Mesía tienen el derecho de invitar a almorzar a quien le plazca-, si no fuera porque al mismo asistieron conocidos abogados que patrocinan importantes causas ante el TC. Causas que el señor Mesía va a decidir.

3. Es el caso de Natale Amprimo y Augusto Ferrero, conocidos abogados y asesores del Cardenal Juan Luis Cipriani, entre otros procesos judiciales contra la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el proceso de amparo que la PUCP perdió el año 2010 y que, en la actualidad, sigue en trámite ante el TC gracias a un recurso denominado “apelación por salto”, interpuesto precisamente por estos señores abogados del Cardenal, con la finalidad de acabar con los otros procesos judiciales en curso. Por ende, lo que decidan los magistrados del TC -entre ellos el señor Mesía- en relación a esta “apelación por salto”, es clave para el Cardenal y la PUCP.”

En la historia del Perú hay casos en los que por reuniones, durante procesos, fuera de la institución, se ha sancionado hasta con la remoción a autoridades del sistema de justicia.

El caso pudo conocerse por ser paradigmático (no se sabe si existirán otros similares), pero a la par, no se podría garantizar que ahora en su condición de virtual magistrado, Ferrero Costa evite este tipo de conductas que asintió como abogado. En todo caso, la falta de transparencia y escrutinio público en este “proceso” de elección de nuevo magistrado del TC no hace posible que se dé la explicación o descargo público sobre este hecho que tal como se ha conocido afecta la independencia judicial.

 

7. El respaldo público a raíz de un plagio, al cardenal Cipriani: ¿garantía de imparcialidad judicial?

El plagio públicamente conocido del cardenal Cipriani[5], de textos correspondientes al papa Ratzinger, fue motivo de un apoyo incomprensible por diversas personas. Incomprensible, porque de lo que se dio noticia fue de un plagio, y un plagio es un delito. No obstante, entre las personas que respaldaban al cardenal se encontraba Augusto Ferrero Costa[6], quien además según lo informado contó con el cardenal como oficiante de la misa de casamiento de su hija.

 

8. “Hoy soy abogado, mañana soy magistrado en el tribunal que ve esos casos”: conflictos de interés

Otro problema es que el candidato elegido sea actualmente abogado litigante: está por convertirse en el magistrado integrante de la institución que procesa los casos en los que figura como abogado patrocinante.

Esta relación da paso a conflictos de interés, para los que la garantía de la figura de la abstención por decoro no basta (más aún cuando se indica que a la misma “pueden abstenerse”[7]). Más aún, cuando no se sabe todos los casos en los que Ferrero Costa ha actuado como abogado, personal o colectivamente, a través de los abogados que integran los estudios de abogados al que ha pertenecido o pertenece. Ello, vulnera gravemente la garantía de independencia judicial que todo candidato debe representar.

Al respecto, un pedido de información por parte del congresista De Belaunde al Tribunal Constitucional, respondido el 14 del presente mes y sobre las causas que patrocina el abogado Ferrero Costa en esta sede, señala que “… nuestro sistema informático jurisdiccional registra los expedientes sobre la base de datos tales como nombre de las partes y procedencia. No registra los nombres de los abogados patrocinantes.”[8]. No obstante, de la revisión de los archivos correspondientes se puede saber que patrocina, al menos, las siguientes tres causas:

  • Expediente Nº 6296-2015-PA/TC, como abogado de la parte demandada, la Universidad San Ignacio de Loyola, en su demanda contra la SUNAT.
  • Expediente Nº 6879-2015-PA/TC, como abogado de la parte demandante, ALLIANCE S.A.C., contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Expediente Nº 2800-2015-PA/TC, por el que se entrevistó con la magistrada Ledesma el 20 de junio del presente año.

Además, según se ha conocido, ha asesorado a empresas como Telefónica, Scotiabank, Pluspetrol; además de representante legal alterno en Perú Lufthansa y Presidente de la Junta de Directores Intradevco S.A.. Fundó el Estudio Ferrero Abogados e integra el Estudio Iberoamericano Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría[9].

Esta situación que pone en peligro la prevención de conflictos de interés evidencia la necesidad de que se regulen requisitos para acceder al cargo de magistrado del TC, siendo los actuales, insuficientes. Los mismos pudieron plasmarse en la ley correspondiente, o en todo caso, adoptados como criterios de elección por los congresistas. Pero nada de eso ha pasado.

En ese sentido y para mayor control de los presuntos conflictos de interés en el cargo, se debiera aplicar el mismo criterio que se tiene para el caso de los magistrados que desean postular a la judicatura constitucional: exigir un año de plazo desde que cesó en tal actividad[10]. Si ello se exige para un magistrado cuyo rol en un proceso judicial es neutral, con mucha más razón para un abogado litigante cuyo rol es de interés de parte. Todo ello, en aras de la protección de la independencia de la institución jurisdiccional. No obstante, los congresistas han hecho caso omiso de ello.

 

9. El candidato ha sido relacionado con gobiernos o candidaturas presidenciales de personajes políticos sumamente cuestionados e investigados: Alberto Fujimori, Alan García y Luis Castañeda

Según se conoce, Augusto Ferrero Costa fue Embajador en la Misión Especial para visitar a los países de Venezuela y Centroamérica y explicar la postura peruana del conflicto con el Ecuador (“Guerra del Cenepa”), en el año 1995. Augusto Ferrero es el hermano[11] de Raúl Ferrero Costa, abogado que siendo Decano del Colegio de Abogados de Lima se opuso al golpe de Estado de 1992 de Alberto Fujimori, golpe que rompió con la institucionalidad e inició una captura del Estado, sobre todo del sistema de justicia. Al año 1995, ya se conocía de las violaciones a los derechos humanos (Ernesto Castillo Páez, El Santa, Cantuta, entre otros). Al respecto, cabe recordar que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional trata de que los integrantes del Tribunal Constitucional no hayan (refiriéndose a cargos políticos o de confianza) participado de los denominados “gobiernos de facto” (artículo 12, numeral 5).

En el año 2009-2010 el abogado civilista fue elegido como Embajador: el segundo gobierno de Alan García Pérez lo nombró como Embajador del Perú en Italia, según indica su hoja de vida, “con concurrencia en Turquía, Chipre y San Marino”.

Renunció al cargo para, en el año 2010, corresponder a la invitación de Luis Castañeda Lossio de acompañarlo como su vicepresidente en un intento por ser Presidente del Perú. El 18 de diciembre del 2010 esa candidatura se oficializó[12]. En el 2009, un año antes de que Ferrero aceptara ir con Castañeda, ya había estallado el escándalo del caso Comunicore, “uno de los principales casos de corrupción y lavado de activos que involucró a la Municipalidad de Lima durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio”[13]. Para el 13 de diciembre del 2010, “El informe final de la Contraloría confirma el delito de colusión en el caso Comunicore y señala que la Municipalidad de Lima pagó la deuda a esta empresa a sabiendas de la irregular ganancia que obtenía tras negociación con Relima.”[14]. Pero eso no pareció importarle al actual virtual magistrado del Tribunal Constitucional.

 

10. El Tribunal Constitucional decide casos que involucran la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, grandes cantidades de dinero del Estado y de particulares, así como el control del poder estatal y político

No se puede olvidar el rol fundamental del Tribunal Constitucional en nuestra frágil democracia, más aún cuando estamos al pendiente de casos judiciales que involucran graves delitos de corrupción con posibilidad de llegar a la sede constitucional, y que involucran intereses económicos y políticos. Ello exige que se haga una verdadera elección de magistrados del Tribunal Constitucional que sean una férrea garantía de transparencia e independencia. Eso no está pasando, y si sumamos la actual denuncia constitucional admitida irregularmente en el Congreso contra cuatro de los siete magistrados del TC, se abre la puerta a otras posibles 4 “elecciones” sin transparencia, configurando una peligrosa cooptación de la máxima instancia constitucional. Urge que se cambie este escenario, que se postergue la fecha de la actual “elección”, previa adopción de reglas mínimas de transparencia y escrutinio público.

(Foto: Andina.com.pe)

[1] http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-comision-acuerda-proponer-a-augusto-ferrero-como-miembro-del-tc-678700.aspx

[2] “Congreso no ratificaría al candidato de PPK”. Diario La razón, del 8 de julio del 2017. En: http://larazon.pe/politica/generales/congreso-no-ratificaria-al-candidato-de-ppk-9361

[3] http://utero.pe/2017/08/10/5-motivos-por-los-que-nos-da-mucho-miedo-el-candidato-al-tribunal-constitucional-que-el-kongreso-quiere-elegir/

[4] https://redaccion.lamula.pe/2012/09/14/idl-se-debe-investigar-a-carlos-mesia-por-reunion-con-abogados-del-arzobispado/jorgepaucar/

[5] http://utero.pe/2015/08/10/roche-cipriani-plagia-a-ratzinger-en-su-columna-de-el-comercio/

[6] http://larepublica.pe/sociedad/699151-pronunciamiento-favor-del-cardenal-cipriani-es-celebrado-con-memes-en-facebook

[7] Artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: “…Los magistrados son irrecusables pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o indirecto o por causal de decoro. (…)”.

[8] Oficio Nº 474-2017-SG/TC, en referencia al oficio Nº 110-2016-2021-ADB/CR, firmado por Camilo Suárez López de Castilla, Secretario General del Tribunal Constitucional.

[9] http://latinlawyer.com/ll250/people/1133632/augusto-ferrero-costa

[10] Artículo 201 de la Constitución de 1993: “…No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.”

[11] https://issuu.com/gacetajuridica/docs/la_ley_39

[12] En: http://ojo.pe/minuto-a-minuto/luis-castaneda-va-con-augusto-ferrero-costa-y-rosa-nunez-de-acuna-59127/

[13] “Comunicore: lo más importante del caso a horas de la sentencia”, Diario El Comercio, del 31 de enero del 2017. En: http://elcomercio.pe/lima/comunicore-importante-caso-horas-sentencia-162084

[14] “Comunicore: lo más importante del caso a horas de la sentencia”, Diario El Comercio, del 31 de enero del 2017. En: http://elcomercio.pe/lima/comunicore-importante-caso-horas-sentencia-162084

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