Todos con Ronald Gamarra: una injusta condena que lesiona la libertad de expresión

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Por: Paulo Chávez Zúñiga

Es lamentable lo que va a acontecer el día de mañana. Este viernes 31 de marzo, a las ocho de la mañana – hora en que abre sus puertas el Poder Judicial – se dictará sentencia condenándose al abogado Ronald Gamarra Herrera, quien ha sido procesado por el delito de difamación agravada en una causa promovida por la ex consejera Luz Marina Guzmán Díaz, quien ocupó dicho cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La sentencia será leída por la jueza María Elena Contreras González, titular del Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, en una audiencia donde estarán presentes las partes.

Los hechos
El abogado Ronald Gamarra, reconocido por su labor como defensor de los derechos humanos, que posee una columna de opinión en el semanario Hildebrant en sus trece, el 20 de marzo de 2015 escribió un artículo titulado: “Favor con favor se paga. Un escandaloso trueque de servicios que salpica al Consejo Nacional de la Magistratura y – cuando no – a la Fiscalía de la Nación”.

La nota de Ronald Gamarra narra una secuencia de hechos ocurridos a partir del 2010 y que da cuenta de una serie de presuntas irregularidades en las que habría incurrido la ex consejera Luz Marina Guzmán al ratificar a la fiscal Mirtha Chenguayen Guevara (año 2012), quien la investigaba por la utilización de 400 firmas falsas en su inscripción como postulante a consejera del CNM, y que días posteriores a su ratificación dispuso el archivamiento de dicha investigación. Todo un acontecimiento.

Dicha publicación de Ronald Gamarra, originó que en abril del 2015 la ex consejera interponga una denuncia penal en su contra por el delito de Difamación Agravada por supuesta vulneración a su honor y buena reputación. Lo que conllevó a que se aperture un proceso penal en contra del abogado.

Se archiva investigación contra Luz Marina Guzmán
La fiscal Mirtha Chenguayen por aquella fecha era titular de la Quincuagésima Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima y tuvo a cargo las investigaciones seguidas contra la ex consejera denunciada por el delito contra la Fe Pública en su modalidad de Falsificación de Documentos, entre otros delitos, por la utilización de supuestas firmas falsas en su postulación al CNM.

Lo que sugiere varias interrogantes es, cómo luego de su ratificación en el cargo como fiscal, en la que participó la ex consejera como Presidenta de la Comisión de Evaluación y Ratificación de Magistrados a cargo del CNM, a través de una disposición emitida en enero del 2012, resuelve lo siguiente:
“NO HA LUGAR A FORMALIZAR DENUNCIA PENAL CONTRA LUZ MARINA GUZMÁN DÍAS Y TANIA ILIANA GUANILO LECCA por delito contra la Fe Pública – Falsificación de Documentos (…) disponiéndose el ARCHIVO DEFINITIVO de los de la materia”

Presuntas irregularidades
En ese sentido, lo comentado por Ronald Gamarra al dar cuenta de estos hechos en su columna de opinión pone en evidencia supuestas irregularidades. Estos sucesos fueron de público conocimiento. Tanto es así que, una comisión investigadora del Congreso de la República encargada de la investigación y análisis de hechos en la región Ancash por actos de corrupción, en el año 2014, al emitir su Informe Preliminar así como en su Informe Final pone atención a esta situación que vincula a la ex consejera Luz Marina Guzmán con la fiscal Chenguayen Guevara.

¿El delito de difamación un obstáculo a la libertad de expresión?
El delito de difamación existe en nuestra regulación penal.
El artículo 132 del C.P. prescribe:

“El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días – multa.”
El mismo artículo también señala que:
“Si el delito se comete por medio de prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa.”

Este delito ha generado mucha controversia hasta la actualidad. Diversos organismos de derechos humanos, la misma relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, así como instituciones defensoras de periodistas, han recomendado la derogación o eliminación del mencionado delito.
En muchos casos, como el que comentamos, el delito de difamación es empleado como una herramienta eficaz para callar la voz de la información, de hacer notorio hechos que involucran a funcionarios con presuntas irregularidades, y lógicamente su utilización se tergiversa volviéndose una figura que sirve para la represión. Para someter a correctos periodistas.

La protección del derecho a la libertad de expresión
Nuestra Constitución protege la libertad de expresión ejercida con responsabilidad la cual es considerada uno de los derechos fundamentales más trascendentes de la persona humana. El artículo 2, numeral 4 de la carta constitucional refiere que “Toda persona tiene derecho: (…) 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento (…)”. Dicha protección es concordante con la que brinda a nivel internacional la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El deber de informar hechos públicos
El hecho de que un periodista divulgue una información o comente hechos que pongan en evidencia malas prácticas o presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos no significa que el derecho ampare la restricción de la libertad de expresión. Contrario sería que la información divulgada tenga que ver con la esfera íntima o privada de este funcionario, en cuyo caso si se estaría hablando de una lesión a su honor.
El caso de Ronald Gamarra es una clara muestra de una indebida aplicación del delito de difamación y de cómo se emplea instituciones jurídicas para restringir la libertad de expresión.
Como ha sido calificado, se trata de un claro atentado contra la libertad de expresión que no puede y debe volver a ocurrir. Para eso están los jueces quienes deben valorar los hechos debidamente, y así evitar violaciones al derecho a la libertad de expresión, cuyo ejercicio permite transparentar las acciones de los funcionarios.

(Foto: internet)

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