Una decisión histórica: Poder Judicial ordena reparar a más de 5 mil víctimas del conflicto armado

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Por: Álvaro Másquez Salvador

Carlos Ruiz Huayllaccahua, qué duda cabe, es uno de los cientos de miles de peruanos y peruanas víctimas del conflicto armado interno. El episodio, según concluye la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su Informe Final, de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República[1]. El conflicto terminó. Sin embargo, a mediados de 2015, Ruiz aún padecía las consecuencias de un proceso de reconciliación imperfecto.

El Estado, por medio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), se negaba a repararlo económicamente por cada afectación grave sufrida en sus derechos humanos, pues Ruiz fue discapacitado durante un enfrentamiento contra miembros de Sendero Luminoso, quienes posteriormente torturaron y asesinaron a su madre, Constantina Huayllaccahua Vílchez.

Hoy, Ruiz podrá ser reparado apropiadamente, pues el juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta, ha declarado fundada la demanda de amparo que interpuso contra ambas entidades públicas. La sentencia que resuelve el caso es histórica, mas no solo por el tratamiento jurídico que desarrolla sobre la reparación como parte del contenido esencial de todo derecho fundamental, sino además porque declara el estado de cosas inconstitucionales con respecto a todas las víctimas del conflicto armado que, como Ruiz, han sufrido más de una afectación grave en sus derechos humanos y no han sido debidamente reparadas por la CMAN. Según información de la Defensoría del Pueblo, estas son 5,516 personas[2].

Es decir, producto de esta sentencia tuitiva, el Estado deberá reparareconómicamente a todas estas personas, sin necesidad de que estas deban recurrir a un proceso judicial. Ruiz, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de la Defensoría del Pueblo, ha logrado esta importantísima reivindicación en nombre de todos ellos.

 

Las afectaciones múltiples de Carlos Ruiz

Durante sus años mozos, entre los años ochenta y noventa, Ruiz fue presidente del Comité de Autodefensa del distrito de Ayahuanco, en Ayacucho. En ejercicio de sus funciones, enfrentó repetidas veces a miembros de Sendero Luminoso. Precisamente, fue en uno de esos enfrentamientos, ocurrido en octubre de 1989, en el que Ruiz Huayllaccahua fue herido de bala en el brazo derecho. El ataque le produjo una discapacidad permanente en dicha extremidad.

Poco después, el recrudecimiento del conflicto armado lo obligó a abandonar Ayahuanco, junto con su familia; no obstante, y para su desgracia, decidieron regresar a fines de 1999. Apenas un mes después, en enero de 2000, terroristas violentaron su hogar buscándolo. No pudieron encontrarlo, pues Ruiz Huayllaccahua se encontraba cazando; sin embargo, sí encontraron a su madre, Constantina Huayllaccahua Vílchez, a quien torturaron, sin éxito, con el propósito de conocer la ubicación de su hijo. Al no obtener respuesta, resolvieron asesinarla.

De conformidad con el artículo 38 del Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, reglamento de la Ley N° 28593: Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, Ruiz tiene derecho a que se le repare económicamente por la discapacidad física permanente que padece y, como hijo sucesor, por el asesinato de su madre. El Estado se ha negado a repararlo por ambos hechos, pues considera suficiente haberle entregado reparación económica por la discapacidad que sufre.

 

La política de reparaciones y la actuación arbitraria del Minjus y la CMAN

El 28 de julio de 2005, durante el último de sus mensajes presidenciales, Alejandro Toledo anunció la promulgación de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Mediante esta, se estableció el marco normativo de las políticas públicas en materia de reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno. Casi un año después, el 5 de julio de 2006, fue aprobado su reglamento, mediante el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS.

A través de ambas normas, se creó el Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI), de naturaleza económica. Posteriormente, ya durante el gobierno de Alan García, se promulgó el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM. En este se determinó el monto de la reparación en 10 mil soles. Así, dado que el señor Ruiz es beneficiario de dos afectaciones: discapacidad física permanente, a nivel personal, y asesinato, como sucesor de su madre, pareciera claro que tiene derecho a recibir dos reparaciones económicas. No obstante, la CMAN no lo consideró así.

Para la entidad, al igual que para el Minjus, el artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 28592 prohíbe específicamente a beneficiarios, víctimas y familiares, acceder a más de una reparación económica[3]. Inclusive, el Minjus, mediante su Oficina General de Asesoría Jurídica, elaboró el Informe N° 082-2013-JUS/OGAJ, donde pretendió amparar esta interpretación arbitraria de la normatividad en materia de reparaciones. Por esto, Ruiz demandó también la nulidad de dicho informe, pues se le utilizó como justificación para desconocer su derecho a ser reparado.

Producto de esta situación, el Minjus y la CMAN han negado reiteradamente a Ruiz el acceso a una reparación económica por el asesinato de su madre. Esta situación resulta paradójica, pues sus tres hermanas sí han recibido un porcentaje proporcional del monto total de la reparación económica, que incluyó a Ruiz en su determinación: 2 mil 500 soles, cada una. Entonces, ¿qué ocurrió con el porcentaje que corresponde a Ruiz?

Lamentablemente, esta situación no es exclusiva de Carlos Ruiz Huayllaccahua, sino también de otras 5,515 personas. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, 5,849 afectaciones no han sido reparadas, relacionadas con víctimas de ejecución extrajudicial, desaparición forzada o violación sexual o personas que sufren discapacidad, física o mental, permanente. Existen, de igual forma, beneficiarios que registran hasta ocho afectaciones graves en sus derechos humanos[4].

Parece que los funcionarios de ambas entidades públicas desconocen que la reparación forma parte del contenido constitucional protegido de cada uno de los derechos reconocidos en la Constitución Política y en las demás normas que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), especialmente cuando se refiere a graves violaciones a los derechos humanos. Además, una de las dimensiones que forman parte de la reparación integral es, precisamente, la pecuniaria. En ese sentido, el PREI se limita a desarrollar, a nivel legislativo, la obligación constitucional del Estado de reparar económicamente a las víctimas del conflicto armado.

 

Una sentencia histórica

Este fue el contextoque se presentó ante el juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta. En su sentencia, el juez acreditó la existencia de dos afectaciones distintas en los derechos fundamentales de Ruiz. Seguidamente, el juez indicó que «[s]iendo que solo respecto del primer caso obtuvo una reparación, y para lo segundo fue excluido, sin respuesta alguna ante sus reclamos. Esta es la situación que discute el demandante, pues –a diferencia de sus hermanas– él es excluido de la condición de beneficiario de la reparación que corresponde al asesinato de su madre».

Mediante su sentencia, de igual forma, el juez delimitó su decisión a la evaluación de «la afectación del derecho a la vida y a la salud, en su dimensión del remedio de reparación económica y, a la vez, está facultado para determinar con alcances generales la adecuada interpretación de los remedios constitucionales que prevé la Ley N° 28592 que aprobó el Plan Integral de Reparaciones para el caso de agresiones contra de derechos humanos».

Así, mediante un análisis fértil de las normas que conforman el DIDH y la doctrina a su alrededor, el juez analizó los alcances del remedio de reparación de los derechos humanos. Para esto, se valió principalmente del concepto de la reparación integral, restitutio in integrum, que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre el cual se ha pronunciado en importantes casos, como los de Godínez Cruz contra Honduras, Acevedo Jaramillo contra Perú o Villagrán Morales contra Nicaragua (Niños de la Calle), entre otros.

En el primero de estos casos, la Corte Interamericana, mediante su sentencia sobre reparaciones y costas de fecha 21 de julio de 1989, señaló lo siguiente:

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral[5].

Ello, a partir de la interpretación, entre otras normas, del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, la disposición convencional señala:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Igualmente, el concepto de reparación in integrum es concordante con lo establecido por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, donde están contenidos los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

Este documento, en su párrafo decimoctavo, indica lo siguiente:

Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Cabe señalar que, ajustándonos a las nociones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el periodo generalizado de violencia ocurrido en el país entre los años 1980 y 2000, corresponde a un conflicto armado no internacional[6] (CANI). Así, durante este conflicto, ocurrieron violaciones manifiestas a las normas del DIDH y el DIH, tal y como representan las afectaciones sufridas por Ruiz y su madre.

Seguidamente, el juez también se pronunció sobre la interpretación arbitraria realizada por el Minjus con respecto a la normativa en materia de reparaciones, plasmada en el Informe N° 082-2013-JUS/OGAJ, como ha sido mencionado. A este respecto, llamó la atención a su lectura restrictiva, a contracorriente de su función de protección de los derechos humanos.

Paradójicamente, el Ministerio demandado, que es uno de los principales llamados a proteger los derechos humanos, ha optado en su Informe N° 83-201 3-JUS/OGAJ por asumir esta lectura interpretativa, excluyendo, sin dar mayores razones, las otras normas más extensivas y protectoras de los derechos, pero que surgen del mismo texto normativo.

Por todas estas razones, el juez resolvió declarar fundada la demanda interpuesta por Ruiz. Así, ha ordenado al Minjus y la CMAN hacer efectiva la entrega a su favor de la reparación económica correspondiente en el plazo de tres días. Empero, su decisión no concluyó allí.

 

El estado de cosas inconstitucionales

El juez, como resultado de una petición razonada formulada por Ruiz, resolvió además declarar el estado de cosas inconstitucionales con relación a las otras 5,515 personas que sufren de vulneraciones a su derecho a la reparación de graves violaciones a los derechos fundamentales, entendido como una posición iusfundamental contenida en otros derechos fundamentales, tales como la vida, la salud, la libertad personal o sexual.

Esta es una decisión histórica, pues es la primera vez que un juez del Poder Judicial utiliza esta herramienta, surgida en el derecho colombiano, para la tutela de los derechos de las personas. En cambio, el Tribunal Constitucional, guardián y máximo intérprete de la Constitución, ha hecho ya uso de esta figura en cuatro oportunidades[7].

Como bien ha señalado el Tribunal, el estado de cosas inconstitucionales (ECI) se utiliza para «aquellos casos en los que por excepción se constata que las conductas cuestionadas pueden afectar a un número indeterminado de personas es que se acude a instituciones como la planteada por el solicitante. En tales circunstancias y a fin de evitar la innecesaria reiteración de demandas sobre un asunto respecto del cual el juzgador constitucional ya se pronunció (y por lo tanto ya se conoce su posición al respecto), es que se opta por declarar el “estado de cosas inconstitucionales” fundamentalmente con el propósito que la autoridad, funcionario o persona, proceda en lo sucesivo de la manera como el juez constitucional lo viene estableciendo en su sentencia»[8].

Así, en esta clase de casos, los efectos de una sentencia no se agotan en los sujetos que han intervenido en el proceso, sino que inciden también en todas aquellas personas que sufren situaciones donde se identifiquen violaciones similares a los derechos fundamentales; es decir, dentro de la circunstancia generalizada de afectación de derechos fundamentales identificada.

Finalmente, con base en lo señalado, el juez otorgó al Minjus y la CMAN el plazo perentorio de cuatro meses para hacer efectiva la entrega de las reparaciones económicas correspondientes a todas las personas que, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Ley N° 28592, titularicen este derecho. Esta es una decisión histórica, pues representa el fomento de políticas públicas mediante el litigo judicial, a favor de sectores sociales vulnerables.

En conclusión, hoy nos encontramos frente a una decisión judicial trascendental, que no solo ha logrado alcanzar justicia a Carlos Ruiz Huayllaccahua, sino también a otros cientos de miles de peruanos y peruanas víctimas del conflicto armado, invisibles para el Estado. Precisamente, es esta la finalidad del litigio estructural que, desde el Instituto de Defensa Legal, promovemos con convicción. Consideramos, en tal sentido, que la sentencia expedida por el juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que celebramos, es sólida en su argumentación y novedosa en sus alcances, dado que representa un esfuerzo loable en la protección de los derechos de las personas a nivel judicial. De igual forma, exhortamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a no apelar esta sentencia, sino, por el contrario, apurar su ejecución. Esta puede ser, finalmente, una de las rutas por donde emprender conjuntamente el accidentado camino hacia la reconciliación nacional.

[1] Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). Informe Final. Lima: CVR, p. 315

[2] Defensoría del Pueblo (2014). Informe de Adjuntía N° 008-2014-DP/ADH/PD: Balance del nivel de cumplimiento del Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI). Lima, p. 10

[3] Al respecto, el último párrafo de su artículo 44 dispone: Si el beneficiario tiene derecho a recibir más de una reparación, recibirá la más ventajosa.

[4]Defensoría del Pueblo (2014), op. cit., p. 6

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Godínez Cruz y otros contra Honduras. Sentencia de 21 de julio de 1989 (reparaciones y costas), párr. 24

[6] Así, además, lo señala el Informe Final de la CVR, según señala Renata Bregaglio. La autora señala: «En nuestro país […] lo ocurrido fue un conflicto armado interno (o no internacional) del tipo del artículo 3 común, y ello en atención a que no era posible constatar la existencia de todos los elementos que el Protocolo adicional II exige para su aplicación […]». Ver: Bregaglio, Renata. ¿Terrorismo o conflicto armado? [en línea]. Revisado en 19/5/2016. Disponible en: http://goo.gl/6F17IN

[7] El TC incorporó la figura del ECI en las siguientes sentencias: STC Nº 2579-2003-HD, STC Nº 3194-2004-AC, STC Nº 06089-2006-PA, STC Nº 0006-2008-PI/TC.

[8]Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 00006-2008-AI, fundamento 5.

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