Y ahora ¿dónde quedan las propuestas anticorrupción de la Comisión de Integridad?

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Por: Lilia Ramírez Varela

“Vamos a censurar a Saavedra, con la corrupción no se negocia” fueron las palabras del congresista Héctor Becerril, que consumaba la venganza fujimorista contra el gobierno de PPK y con ello se reafirmaba en uno de los actos más irracionales de la reciente política peruana:  censurar al Ministro de Educación por las puras. La denuncia de corrupción en su contra estaba lejos de llegar a demostrar la culpabilidad de Jaime Saavedra, es más, la principal involucrada en el acto al parecer  tenía más vínculos con la bancada de Fuerza Popular que con el propio titular de la cartera de educación. Durante todo el debate de interpelación fue evidente que a la mayoría naranja la problemática educativa y la lucha contra la corrupción les importaba muy poco. Lo que querían era mostrar su fuerza -bruta y chorada (manifestada en los chats publicados por un medio de comunicación)-, y evidenciar, además, la debilidad y falta de coherencia del propio gobierno y del presidente. Ambas situaciones se han hecho explícitas totalmente.

Con un Congreso y un gobierno en estas actitudes ¿qué será de la lucha contra la corrupción? Es evidente que el fujimorismo busca copar o poner a gente de su agrado en la mayoría de las instituciones públicas (ya tienen la SUNAT, Defensoría, el Banco Central de Reserva y van tras la figura del Procurador General), y que intenta reescribir la historia de la corrupción en el Perú; buscando equiparar las escandalosas corruptelas y las graves taras que aún existen en nuestro país con la sistemática corrupción de los noventas, intentando borrar que Alberto Fujimori fue el séptimo presidente más corrupto a nivel mundial. Y que, ahora, tienen encima varias denuncias de corrupción[1] por una administración bastante ligera en el uso de nuestro dinero en el Congreso.

Por otro lado tenemos a un gobierno que busca, a como dé lugar, no pelear con el fujimorismo. Con una sincronía aterradora el Ministerio Público reabrió una investigación a Pedro Pablo Kuczynski por el caso Lava Jato. Y se acaba de anunciar la reunión entre el Presidente y Keiko Fujimori, bajo la mediación del cardenal  Juan Luis Cipriani: ¿Qué saldrá de este diálogo?, ¿cuáles serán los acuerdos? Solo sabemos que el fujimorismo, por sus antecedentes, lo ocurrido durante la última campaña electoral y lo que está sucediendo ahora en el Congreso, en los hechos, no va a tener como prioridad la lucha contra la corrupción. PPK ¿cederá el discurso de la lucha contra la corrupción al fujimorismo? Tememos lo peor, sobre todo viendo el poco entusiasmo del gobierno en esta materia.

Informe de la Comisión Presidencial de Integridad

Ciertamente, la creación de comisiones se ha convertido en una medida que los diversos gobiernos adoptan para dar señales a la ciudadanía de lucha contra este flagelo con nulos resultados. Sino hacer un repaso, para ver como la historia nos da la razón.

En el 2001, se crea la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y la Transparencia en la Gestión Pública y en la Sociedad” (Decreto Supremo 120-2001-PCM). Esta Comisión estaba presidida por un representante del Presidente de la República al cual se le denominó el “Zar Anticorrupción” y se le asignó (a dicha Comisión) funciones de denuncia “ante el Ministerio Público [de] aquellas conductas que  comprendan  actos  de  corrupción  cometidos  por  personas  naturales  o  jurídicas  que involucren fondos públicos”; en el 2005 se crea el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) (Decretos Supremos N° 082-2005-PCM y 002-2006-JUS) luego, en el 2007, se crea la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) (Decreto Supremo N° 085-2007-PCM), que fue desactivada un año después. Los resultados de estas comisiones no existen.

En el 2010 se crea Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) (Decreto Supremo 016-2010-PCM). Un espacio que sigue vigente hasta hoy, y que busca una coordinación en políticas anticorrupción, realmente la trascendencia de esta instancia es mínima dentro del debate de lucha anticorrupción. Y, finalmente,  luego de un nuevo  escándalo de corrupción, el nuevo gobierno decidió instaurar la Comisión Presidencial de Integridad (Resolución Suprema N° Nº 264-2016-PCM), una comisión que solo tuvo 45 días para hacer propuestas de lucha contra la corrupción.

En una reunión cerrada, el cinco de diciembre, la Comisión Presidencial de Integridad presentó su Informe a PPK. Son cien medidas, a corto y mediano plazo, para promover la integridad, y prevenir y sancionar la corrupción. Es un documento valioso y que unifica una serie de ideas anticorrupción que ya se venían conversando desde la época de transición democrática. El documento está divido en cuatro grandes campos de propuestas:

  • Modernización de las institucionales (servicio civil, simplificación administrativa y gobierno electrónico);
  • el sistema de contrataciones (la transparencia del proceso de compras y licitación de obras públicas; y la integridad del personal involucrado);
  • la reforma del sistema de justicia (creación de un subsistema anticorrupción, reforma del CNM, fortalecimiento de las procuradurías, así como el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF); y
  • la reforma del sistema electoral (control del dinero ilícito en las campañas electorales; limitar la inmunidad parlamentaria y fortalecer facultades de la ONPE y el JNE).

Junto a éstas, el documento también busca promover las denuncias y proteger a los denunciantes de los actos de corrupción, así como reformar y fortalecer la Contraloría General de la República.

Sobre la exposición realizada por la Comisión de Integridad, PPK señaló que habían tres medidas que se podían implementar inmediatamente: declaración de intereses (medida 1), la eliminación del arbitraje ad hoc (medida 35) y plan de infraestructura (medida 37). Sin embargo, de las grandes propuestas en materia del sistema de justicia y la reforma del sistema electoral dijo que tenían que pasar por el Congreso, cuando esto no es necesariamente así.

Del total de medidas, solo unas 15 estarían relacionadas a cambios legislativos en los que podría intervenir el Congreso, sin embargo creemos que el uso de la las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo podrían ser usadas en la mayoría de estas propuestas, y solo cinco tendrían que pasar obligatoriamente por el Parlamento: (i) la Reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura; (ii) la creación de la Procuraduría General Autónoma; (iii) las normas relacionadas a evitar el tráfico de influencias; (iv) la defensa de los denunciantes de corrupción y (v) la reforma electoral, a fin de evitar dinero mal habido en de las compañas políticas e idoneidad de los postulantes a cargos públicos.

Existen también propuestas que corresponde que sean implementadas por otras instituciones como: la Contraloría, el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, el Ejecutivo en general. Sin embargo, la voluntad política de estas instituciones no se ha evidenciado hasta la fecha (salvo el Poder Judicial anunciando la creación de juzgados anticorrupción, pero sin embargo sobre las demás medidas no dice nada, y menos sobre la transparencia de las elecciones de autoridades judiciales).

La política contra la corrupción del congreso naranja solo existe en el discurso. En la práctica su intervención no hace nada más que retroceder u obstaculizar el impulso anticorrupción. Se evidenció esto con la reforma de las competencias de la UIF y la reforma electoral. En todo caso, al ser una comisión presidencial, debería ser el mismo Presidente quien haga suyas estas medidas y las impulse y se pelee por ellas pero, a estas alturas, creemos que está dispuesto a negociarlas. Ojalá no sea tarde el momento en que se dé cuenta que su cargo está en juego, y la lucha anticorrupción (estas propuestas) le daría la legitimidad social que necesita para enfrentarse al fujimorismo.

(Foto: vf.media)

[1] Congreso compra 980 computadoras sin licitación a empresa en Trujillo; Contraloría investigará las canastas navideñas de lujo del Congreso.

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