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El día de ayer, jueves 4 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó con 80 votos a favor, dos en contra y una abstención, la ley que propone incluir la participación de la sociedad civil en los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo que producirá ciertas modificaciones en las leyes orgánicas de ambas instituciones.
En cuanto a la conformación de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), se estableció que estará presidida por un vocal supremo cesante o jubilado de reconocida conducta, el cual será elegido por los demás miembros de la OCMA. Asimismo, formarán parte de este órgano un representante de los Colegios de abogados del país y dos representantes de las Facultades de Derecho de las cinco universidades públicas y privadas más antiguas, cada uno de ellos elegidos por sus respectivos decanos.
Aunque está pendiente la promulgación de la
norma (luego de la segunda votación
ratificatoria que deberá efectuar el Pleno al
tratarse de una modificatoria de ley orgánica) sorprende que ella no haya sido derivada a la Ceriajus, como hizo antes la propia Comisión de Justicia y Derechos Humanos con dos importantes proyectos de ley presentados al Congreso por el Poder Ejecutivo relacionados a la edad de 65 años como tope para el cese de magistrados y a una ratificación extraordinaria de jueces que estaría a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura.
Esperemos que esto no dificulte las funciones que viene desempeñando la Ceriajus, pues el propio Dr. Javier de Belaunde, integrante de la misma, enfatizó hace algunas semanas "la necesidad de suspender la aprobación de medidas legislativas vinculadas a la reforma judicial de parte del Congreso, para que de ese modo la Ceriajus lleve a cabo un trabajo coordinado con las demás instituciones vinculadas al sistema de justicia". |