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Esta semana, los integrantes del Grupo Impulsor del Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ) comunicaron al Dr. Hugo Sivina, presidente del Poder Judicial, su preocupación por la eventualidad de que próximamente quede en libertad un importante número de procesados por corrupción, quienes se encuentran en prisión y, pese al tiempo transcurrido, aún no son sentenciados.
Se supo que, para los juristas que forman el Grupo Impulsor, la liberación de los personajes envueltos en la red de corrupción de Vladimiro Montesinos puede acarrear que "el esfuerzo de la lucha anticorrupción termine en nada" (Perú.21, 19 de diciembre del 2003).
Dada esta situación, el Grupo Impulsor ha solicitado a Hugo Sivina que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elabore una propuesta para evitar dicha excarcelación y el pernicioso efecto que causaría no sólo al subsistema judicial anticorrupción, sino a todo el aparato jurisdiccional y al proceso de reforma en curso.
La Sala Plena de la Corte Suprema, a instancia de Sivina, buscará una solución legal o administrativa para acelerar dichos procesos, según informó el Dr. Diego García-Sayán, miembro del Grupo Impulsor del ANJ (La República, 19 de diciembre del 2003).
Es saludable que el ANJ, adelantándose a los hechos, advierta a las principales autoridades judiciales del país, sobre las negativas consecuencias que tendrá para el combate judicial contra la corrupción la anunciada excarcelación de quienes medraron ilícitamente a la sombra de la mafia montesinista, consecuencias que evidentemente socavarían aun más la ya debilitada credibilidad de la justicia peruana y de su todavía incipiente reforma.
Es de esperar que la judicatura ordinaria y las restantes instituciones del sistema judicial adopten los correctivos pertinentes, a fin de evitar un nuevo deterioro de la imagen de la justicia peruana ante la ciudadanía. |