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La semana pasada (el miércoles 5 de noviembre), durante la ceremonia de juramentación de la Dra. Nelly Calderón para un segundo mandato como Fiscal de la Nación -esta vez de dos años, conforme al artículo 158 de la Constitución-, el Presidente Toledo hizo una nueva invocación a las máximas autoridades del sistema de justicia del país, en particular del Poder Judicial y Ministerio Público, para que intensifiquen el ritmo de las reformas en curso.
Toledo dijo: "Señora Fiscal, señor Presidente de la Corte Suprema, los peruanos nos esperan. Ha llegado el momento de acelerar la reforma del Poder Judicial. La población tiene expectativas, no caigamos en la trampa de la burocracia legal" (El Comercio, 6 de noviembre).
Junto con explicitar su respeto por la independencia de poderes, el Primer Mandatario insistió en que "la reforma judicial es un tema de Estado y no exclusivamente del Poder Judicial", ofreciendo su colaboración en los siguientes términos: "…aquí tienen los brazos tendidos. Dígannos qué debemos hacer para ser promotores de esa reforma de la administración de justicia" (El Comercio, 6 de noviembre).
En los siguientes días, se ha conocido las reacciones de diversos líderes de la reforma del sistema de justicia, quienes han observado la necesidad de que los poderes políticos y en particular el Ejecutivo cumplan con otorgar el apoyo que la reestructuración de la justicia requiere. Así, tanto el Dr. Hugo Sivina, Presidente del Poder Judicial, como la Dra. Nelly Calderón, reelecta Fiscal de la Nación, han reclamado la dotación de recursos presupuestarios adicionales (La República, 11 de noviembre; Correo, 9 de noviembre).
El Dr. Sivina también ha expresado la necesidad de que el Parlamento apruebe la legislación necesaria para el proceso de cambio de la justicia, considerando que algunas propuestas normativas enviadas por la Judicatura aún no son discutidas y aprobadas por el Congreso de la República (La República, 11 de noviembre).
Asimismo, otros actores del sistema de justicia han manifestado su opinión. El Dr. Víctor Raúl Mansilla Novella, Presidente de la Corte Superior de Lima, ha criticado que la Ceriajus aún no complete el número de sus integrantes, ni haya nombrado a su Secretario Técnico. Por otro lado, Mansilla consideró que el Gobierno intenta "intervenir" la justicia: "Si el Ejecutivo instala la Ceriajus, ¿cómo luego dice que hay que intervenir el Poder Judicial?" (La República, 10 de noviembre).
A su turno, el vocal superior Pablo Talavera reconoció que efectivamente falta continuidad en el cronograma de reestructuración que planteó en enero el Presidente del Poder Judicial, señalando que ello es consecuencia de la implementación de la Ceriajus. Añadió que otro punto que afecta la toma de decisiones rápidas es la existencia de tres órganos de dirección judicial: el Presidente, el Consejo Ejecutivo y la Sala Plena de la Corte Suprema.
En primer lugar, debe destacarse la existencia de críticas y debate como saludables y democráticas. Nadie, pues, debe resentirse ni expresar malestar por ello. De otro lado, es indudable que cada Poder e institución del Estado debe asumir su propia responsabilidad y contribuir decisivamente a la transformación de la justicia peruana, que pasa hoy por una aguda crisis de eficiencia y legitimidad.
Ahora bien, es claro que el ritmo del cambio debe incrementarse, pues la situación actual es de veras apremiante. También hay que evitar el distorsionar el debate -las cosas deben ser puestas en su exacta dimensión- o el hacerlo derivar hacia cuestiones menores o sin trascendencia, así como cualquier eventual actitud ensimismada o autocomplaciente. Por lo demás, debe tomarse la palabra al Presidente de la República sobre su ofrecimiento de colaboración, pero para ello los planteamientos deben ir más allá de un mero reclamo económico. Se requiere planes y propuestas integrales, coherentes y viables. |