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La huelga iniciada por los trabajadores judiciales el pasado martes 4 de noviembre ha cumplido 10 días, lo cual, desafortunadamente manifiesta que el Poder Judicial y la Federación Nacional de Trabajadores de este Poder del Estado aún no han podido establecer adecuados canales de comunicación y llegar a una pronta solución.
Sin duda, esta situación afecta a todos los litigantes y sectores, incluyendo a la lucha anticorrupción, pues el desarrollo de los juicios vinculados a la mafia de Fujimori y Montesinos se ha visto obstaculizado. Por ejemplo, esta semana, la Sala Especial Anticorrupción se vio impedida de realizar la audiencia programada a los hermanos Samuel y Mendel Winter para evaluar si podían acogerse al beneficio de colaboración eficaz.
El Poder Judicial ha manifestado a través de su Gerente General, el señor Hugo Suero Ludeña, que se han logrado resolver 37 de los 41 requerimientos contenidos en el pliego de reclamos presentado por la Federación y que los cuatro puntos en desacuerdo están referidos a la renovación automática de los contratos a plazo fijo, al aumento de remuneraciones de acuerdo a una escala vigente, a la incorporación a la carrera judicial del cónyuge, hijo o hermano supérstite del trabajador fallecido y al descanso remunerado por onomástico del trabajador. Sin embargo, señaló que los tres últimos puntos evidencian problemas de viabilidad, ya que por un lado en el Poder Judicial existen diferentes escalas de sueldos y categorías de trabajadores, pero no una escala remunerativa porcentual única, y por otro, la norma legal no establece que la incorporación a la carrera judicial se trasmite a la muerte del servidor a favor de sus familiares directos, ni el derecho a un descanso remunerado por el onomástico del trabajador.
Como quiera que fuere, esperamos que tanto el sector gremial como el Poder Judicial hagan concreta la voluntad de diálogo manifestada, ya que además este órgano del Estado ha señalado que no tiene intención de cesar a ningún trabajador ante el temor de muchos servidores de perder el puesto de trabajo en virtud de la cuarta y quinta Disposición Transitoria contenida en el proyecto de Ley de Presupuesto. Por ello, confiamos en que pronto se llegue a una solución definitiva, que no afecte los derechos laborares y que contemple una adecuada política de recursos humanos. |