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El jueves 13 de noviembre se conoció el lamentable fallo emitido por la Sala de Guerra del Consejo Superior de Justicia Militar, que archiva el proceso iniciado contra los comandos militares que actuaron en la operación Chavín de Huantar y que estaban acusados por la ejecución extrajudicial de tres miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que participaron en la toma de la residencia del embajador japonés en Lima el 17 de diciembre de 1996.
Entre los beneficiados con esta medida se encuentran el recién ascendido general de división, José Williams Zapata, el general Jaime Patiño y el capitán Manuel Paz Ramos.
La Dra. Gloria Cano, abogada de Aprodeh, consideró extraño que no se haya notificado a las partes el día 15 de octubre, fecha de emisión del fallo, sino después del ascenso del general Williams Zapata. Por lo demás, en cuanto al fondo del asunto, Cano rebatió los argumentos de la defensa, en el sentido de que no existen pruebas incriminatorias de los comandos. La representante de Aprodeh sostuvo que "pese a las pruebas recabadas en el fuero común, que determinan la responsabilidad de los militares, el archivamiento del caso Chavín de Huántar es una prueba fehaciente de que la justicia militar es un fuero de impunidad, que sólo sirve para encubrir los delitos de violaciones de los derechos humanos" (Perú 21, 13 de noviembre).
El controversial fallo refuerza los argumentos para la desaparición del fuero militar, pues éste se seguiría utilizando como vía de exculpación a militares involucrados en hechos delictivos, y lo que es peor, facilita que miembros de las Fuerzas Armadas acusados de delitos de lesa humanidad queden libres. |