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El
Congreso de la República aprobó -con 44 votos
a favor, 34 en contra y 4 abstenciones- la ley
que crea la Comisión Especial para la Reforma
Integral de la Administración de Justicia
(CERIAJUS), durante la sesión matutina del
Pleno realizada el jueves 25 de setiembre
(consulte la ley aprobada en nuestro portal
internet: www.justiciaviva.org.pe).
El Dr. Alcides Chamorro, Presidente de la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Parlamento, sustentó el proyecto, y en el
debate participó el Dr. Fausto Alvarado, quien
es congresista y actual titular de la cartera de
Justicia. Como se recordará, la propuesta
original provino precisamente del Poder
Ejecutivo y había recibido críticas de las
autoridades judiciales.
La ley aprobada encomienda a la CERIAJUS la
elaboración de un "Plan Nacional de
Reforma Integral de la Administración de
Justicia", para lo que le concede un plazo
de 180 días. El ente coordinador podrá
asimismo proponer modificaciones a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica
del Ministerio Público y a otras leyes, así
como presentar las propuestas y medidas que
considere de inmediata aplicación.
Integrarán la CERIAJUS el Presidente del Poder
Judicial -quien la presidirá, contando además
con voto dirimente-, el Fiscal de la Nación, el
Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, el Presidente del Tribunal
Constitucional, el Presidente de la Academia de
la Magistratura, el Ministro de Justicia, el
Defensor del Pueblo, dos representantes de la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso, cinco representantes de instituciones
de la sociedad civil que participan en el
Acuerdo Nacional, un representante de los
Colegios de Abogados del Perú y uno de las tres
universidades públicas y tres privadas con
Facultades de Derecho más antiguas.
La CERIAJUS contará con una Secretaría
Técnica, que deberá coordinar los programas de
acción que proponga la Comisión, de
conformidad con el Reglamento que habrá de ser
expedido. Por otra parte, los recursos para el
funcionamiento de la CERIAJUS no provendrán
sólo de los pliegos de las instituciones
públicas que lo conforman, sino también de
transferencias del Tesoro, donaciones y
cooperación internacional (ver pronunciamiento
de Justicia Viva en este mismo portal).
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