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El Poder Judicial es uno de los órganos en los que menos confía la ciudadanía y, en gran medida, esta situación es producto de la mala actitud y desempeño de algunos magistrados, ya sean jueces o fiscales. Es de lamentar que la actuación de ciertos miembros de la magistratura empañe la imagen de las principales instituciones de la justicia, que, mal que bien, están tratando de salir de la crisis de credibilidad en la que se han visto inmersas en los últimos años.
Es en estas circunstancias que llega una prueba de fuego al Poder Judicial, pues en los últimos días se ha conocido (El Comercio, 1° de octubre) que el Ministerio Público, después de haber realizado una paciente investigación -de casi dos años-, ha elevado al órgano jurisdiccional denuncias contra 71 magistrados por diversos delitos (prevaricato, resistencia a la autoridad, peculado, falsedad genérica, abuso de autoridad, omisión del ejercicio de la acción penal, asociación ilícita para delinquir, entre otros). Las imputaciones ahora serán investigadas por jueces especialistas en materia penal.
Se espera que ahora la actuación de los magistrados, que tienen en sus manos una gran responsabilidad, sea objetiva, veraz y justa. De ellos depende que el Poder Judicial y el Ministerio Público, de comprobarse los cargos, se libren de elementos indeseables y dañinos para la institución.
Es opinión corriente que los jueces pocas veces logran sancionar a sus pares, en una equivocada manifestación de espíritu de cuerpo. Así, tenemos que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), en todo el año, sólo ha acusado a 22 jueces por inconductas funcionales, según confirmó el Dr. Francisco Távara al diario El Comercio. Cabe, pues, preguntarse cuál es la situación de los 71 magistrados que han sido acusados por la Fiscalía. ¿Ha iniciado la OCMA una acción de control contra ellos en este año o en los años anteriores? ¿Ha dado cuenta de tal actuación al Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de prevenirlo para el cabal cumplimiento de su tarea de selección y nombramiento?
Es de esperar que los jueces dejen de lado toda eventual actitud de encubrimiento y sancionen a los magistrados que hayan incurrido en delito, a fin de depurar a la institución de malos elementos. Por cierto, no sólo debe haber sanciones o destituciones de jueces de paz o de auxiliares, sino también de magistrados de más alta jerarquía. ¿O es que sólo cometen inconductas los magistrados de instancias inferiores? Es obvio que no es así. |