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38 abogados, acusados de pertenecer a la red de corrupción montada por el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, son procesados en la actualidad ante las diversas instancias de control ético y disciplinario del Colegio de Abogados de Lima, según informa el diario El Comercio (29 de setiembre del 2003).
Entre los procesados se encuentran figuras públicas, tales como Alberto Bustamante (ex Primer Ministro y ex Ministro de Justicia), Jorge Trelles (ex congresista y ex Ministro de Educación), Oscar Medelius (ex congresista), Luis Bedoya de Vivanco (ex alcalde de Miraflores y ex congresista), Blanca Nélida Colán (ex Fiscal de la Nación), Miguel Aljovín (ex Fiscal de la Nación), Alejandro Rodríguez Medrano (ex vocal supremo provisional) y Laura Bozzo (animadora de televisión), entre otros.
Anteriormente, el CAL ha expulsado a los ex miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Rómulo Muñoz Arce y Walter Hernández Canelo, mientras ha suspendido a Vicente Silva Checa, Eduardo Calmell y Javier Corrochano (tres años cada uno) -los dos primeros dedicados al periodismo; el segundo, abogado en ejercicio-, así como a Víctor Raúl Castillo (cinco años), quien se desempeñó como Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Es ciertamente saludable que el Colegio de Abogados de Lima, en iniciativa que debería ser emulada por otros gremios forenses del país, investigue y eventualmente sancione a aquellos miembros de la orden que hayan incurrido en graves infracciones al Estatuto y al Código de Ética de la institución, al estar vinculados a actos de corrupción y de vulneración del Estado Constitucional de Derecho. Sólo es de desear que la actuación del Consejo de Ética y del Tribunal de Honor del CAL pueda producirse en lo sucesivo con mayor celeridad, dado el tiempo que ha transcurrido desde el conocimiento de los hechos denunciados.
La reforma de la justicia ciertamente debe involucrar el desempeño de la abogacía conforme a cánones éticos. Sin abogados honestos es virtualmente imposible contar con un sistema de justicia honesto. Un punto que queda por resolver, empero, es el de la posibilidad legal, actualmente existente, de que los letrados sancionados se inscriban en otro Colegio de Abogados del país y con ello puedan continuar ejerciendo la profesión. Esta normativa debe ser revisada con urgencia. |