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La
reciente publicación de la ley que crea la
Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) ha generado gran controversia en distintos sectores. Entre las diversas reacciones, podemos mencionar la opinión emitida por el Defensor Adjunto, Samuel Abad, quien afirmó la necesidad de que el secretario técnico de esta Comisión Especial "debe ser propuesto por el presidente de la Corte Suprema, lo cual rescataría el importante papel que le corresponde a la máxima autoridad del Poder Judicial" (Gestión, 9/10/03).
Por otro lado, las reacciones contrarias a la creación de este organismo no se hicieron esperar. Tal es el caso de la Fiscal Nelly Calderón, quien a pesar de formar parte de la Comisión, señaló en diferentes medios que está en desacuerdo con su creación, pues considera que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen ya listos sus planes de reforma. Asimismo, manifestó su total desacuerdo con la participación de los cinco miembros de la sociedad civil, indicando que éstos no manejan los temas vinculados a la impartición de justicia. En el mismo sentido, el vocal superior Pablo Talavera, cuestionó la participación de la sociedad civil, lo cual demuestra cierta resistencia de parte de los magistrados a que la ciudadanía participe desde distintos sectores en la reforma judicial.
Por su parte, el Ministro de Justicia Fausto Alvarado subrayó la necesidad de que la sociedad participe en el proceso de reestructuración judicial, como muestra del compromiso asumido por la población en esta reforma emprendida.
Finalmente, es necesario que se aúnen esfuerzos y se busque el consenso si realmente se pretende cambiar el sistema actual de justicia por uno que garantice la vigencia de los derechos humanos y la eficiencia del servicio prestado a la ciudadanía. |