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El martes pasado, en el Poder Judicial la atención en las distintas sedes judiciales de Lima, Cono Norte y Callao fue nula, debido a un paro de protesta de 24 horas que realizaron los servidores judiciales. Los trabajadores demandaron un acuerdo que garantice su estabilidad laboral, ante la posibilidad de un proceso de evaluación al que se verían sometidos según una norma del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2004.
Asimismo, el secretario general del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, César Arteaga, señaló que la evaluación implicaría el cese de algunos miembros del personal, lo cual, según afirma, iría en contra de la política de reincorporación de los trabajadores cesados durante la época del fujimorismo, que adoptó el actual gobierno, tras la firma del acta de solución (25/11/2002) y su addendum (4/06/2003) correspondientes a las anteriores huelgas efectuadas. Recordemos que la última paralización duró alrededor de un mes y se originó en el incumplimiento parcial del acta mencionada.
Esperemos que se llegue a una solución, ya que, de lo contrario, los trabajadores iniciarán una huelga indefinida el próximo 4 de noviembre. Sin duda, esto perjudicaría no sólo a la gestión judicial, sino también la reforma emprendida, ya que una paralización, además de aumentar la carga procesal, obstaculizaría la realización de los procesos, entre ellos los juicios anticorrupción. Ello implicaría problemas como la suspensión de las audiencias y el posible vencimiento en los plazos procesales. Ante esta situación, el Poder Judicial deberá establecer el diálogo con el sector laboral, a fin de llegar a un consenso, para que de esa manera no se vean afectados ni los derechos de los trabajadores, ni la atención a los litigantes. |