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Esta semana la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) informó mediante una nota publicada en la página web del Poder Judicial,
de la sanción efectuada a 1,739 magistrados y auxiliares jurisdiccionales, entre los meses de enero y septiembre de este año (ver cuadro). De la cantidad señalada se han propuesto al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la destitución de 33 magistrados de "primera y segunda instancia por haber incurrido en irregularidades en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) resolverá las destituciones planteadas contra 50 servidores judiciales.
El jefe de la OCMA, Francisco Távara, ha señalado que "esta cantidad récord de sanciones dictadas echa por tierra las afirmaciones de que los magistrados del Poder Judicial no pueden controlarse a sí mismos". Sin embargo, es importante resaltar que, en la evaluación de la actuación disciplinaria, no sólo debe tenerse en cuenta el factor cuantitativo, sino también
los elementos cualitativos. Por lo que sería conveniente que se publiquen los criterios que motivaron las suspensiones dictadas y las respectivas propuestas de suspensión, separación y destitución, para una mayor transparencia y un mejor control.
Además, el Dr. Távara indicó que "el proceso de destitución a malos jueces y auxiliares jurisdiccionales podría ganar celeridad si se concede a la OCMA facultades para destituirlos en primera instancia". No obstante, sería imprescindible evaluar de manera
cuidadosa esta propuesta, pues muchas veces el espíritu de cuerpo existente en instituciones como el Poder Judicial contribuye a una conducta permisiva en algunos
magistrados.
De este modo, aunque el índice de sanciones puede parecer alto, es necesario evaluar, dentro del contexto de reforma judicial, el verdadero efecto de las medidas impuestas y su implicancia para un real avance en el control de la función jurisdiccional. |