Lima, 24 de octubre del 2003

Finalmente, el así denominado Programa Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ) fue creado mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 191-2003-P-PJ, suscrita por el Dr. Hugo Sivina Hurtado (El Peruano, 23 de octubre del 2003).

Al nuevo foro para la reforma de la administración de justicia se le encomienda el "formular políticas de Estado relativas al Poder Judicial, basadas en un amplio consenso nacional". El ANJ deberá realizar, en particular, las siguientes actividades: (i) efectuar una amplia convocatoria nacional y regional a través de audiencias públicas y reuniones técnicas para debatir los problemas del Poder Judicial y formular lineamientos de política judicial; (ii) difundir las propuestas de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial y otras que se consideren necesarias; (iii) recoger y procesar las iniciativas ciudadanas conducentes al proceso de cambio necesario en el Poder Judicial; (iv) proponer políticas de Estado relativas al Poder Judicial, a ser incorporadas en un Pacto Social por la Justicia; (v) colaborar con la Ceriajus, "brindando la información necesaria para su objeto", conforme a la ley N° 28083.

El mencionado Pacto Social por la Justicia deberá establecer los objetivos, misión y visión del Poder Judicial a mediano y largo plazo, además de los lineamientos generales de la política judicial para los próximos 20 años. Contará con un Grupo Impulsor integrado por: Raúl Ferrero Costa, Diego García-Sayán, Marcial Rubio Correa, Oscar Schiappa-Pietra y María del Pilar Tello.

El ANJ, que cumplirá funciones durante 120 días, también contará con un Grupo de Expertos que coadyuvará a los esfuerzos del Grupo Impulsor prestando apoyo profesional y técnico.

Si bien existe el temor de que el ANJ se convierta en una vía paralela a la del Ceriajus, acarreando en consecuencia una indeseable duplicidad de acciones y eventualmente una estéril disputa por el liderazgo e impulso de la reforma de la justicia, es de esperar que ambas entidades puedan trabajar en conjunto y sin estorbarse, en aras del cambio estructural de la justicia peruana.

Habrá que ver en los próximos días y semanas cómo se desenvuelven los diferentes actores políticos, sociales e institucionales en el nuevo escenario de la reforma judicial. Como quiera que fuere, el Dr. Alcides Chamorro, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso e integrante de la Ceriajus, ha declarado, tras la creación del ANJ, que Sivina "quiere aferrarse a su famosa autorreforma judicial. Parece que quiere mantener el estado de cosas que impera en su organismo. Lo que ha hecho es crear un organismo paralelo a la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia" (El Comercio, 24 de octubre del 2003). Esperamos que finalmente prevalezcan la armonía y el acuerdo en beneficio de la justicia peruana.