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El martes 4 de noviembre se llevará a cabo la anunciada huelga nacional judicial. Esta medida surgió luego de un paro de protesta de 24 horas que realizaron los trabajadores del Poder Judicial en las distintas sedes judiciales el 14 de octubre. Recordemos que la demanda de los trabajadores consistía en un acuerdo que garantice su estabilidad laboral, ante la posibilidad de un proceso de evaluación al que se verían sometidos según una norma del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2004.
Ante esta situación, el Presidente del Poder Judicial, Dr. Hugo Sivina Hurtado, ha manifestado una opinión crítica: "los trabajadores no son conscientes de las dificultades que afronta el país ni de la reforma emprendida. Es una medida que no tiene justificación alguna en estos momentos. Hay que entender que los problemas se irán solucionando de forma progresiva" ( Perú 21, 30/10803).
Además de la cuestión relativa a eventuales despidos, tema siempre delicado, el reclamo gremial, manifestado en la Moción de Huelga Nacional Judicial suscrita el 17 de octubre, incluye los siguientes puntos: "el pago inmediato de los devengados de la porcentual del año 1991, aumento de las remuneraciones, la reincorporación de los trabajadores cesados por el gobierno del Fujimontesinismo a sus regímenes laborales originarios, un 3% del Presupuesto Nacional de la República para el Poder Judicial, para una auténtica reestructuración de este Poder del Estado".
Asimismo, en relación a la solución del Pliego de Reclamos 2004, la Federación exige "la renovación automática de los contratos a plazo fijo, la nivelación de haberes de los técnicos judiciales a asistentes judiciales, una ley de carrera auxiliar y administrativa y un régimen laboral especial único". Por último, el gremio judicial solicita la participación de los trabajadores judiciales en la Ceriajus, en el Acuerdo Nacional, la CIS y otros, para lo cual hace un llamado al Congreso y la CGTP, para que se pronuncien al respecto.
Esperemos que se llegue a una pronta solución, que incluya el respeto de los derechos laborales de los servidores de justicia. Como quiera que fuere, la solución de fondo tiene que ver con el diseño e implementación de una adecuada política de recursos humanos, ya que la eficiencia de un verdadero sistema de justicia depende también de estos últimos. |