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La Sala de juzgamiento construida por la Marina de Guerra en la Base Naval del Callao ha sido vetada como sede judicial por los vocales integrantes de la Sala Superior Anticorrupción que preside Inés Villa Bonilla, así como por el Fiscal Superior Pablo Sánchez Velarde, según informa esta semana un diario de la capital (La República, 9 de setiembre).
La objeción presentada por los magistrados, quienes inspeccionaron las obras en compañía de funcionarios de la Gerencia General del Poder Judicial, tendría relación con la seguridad del establecimiento, ya que existe una sola puerta de ingreso y salida para los miembros de la Sala, representantes de la Fiscalía, Procuradores, abogados de la defensa, testigos, prensa y público asistente a las audiencias. Además, dicha puerta da a la avenida Néstor Gambeta, cuyo tráfico pesado podría obstaculizar la fluidez del tránsito en la zona.
Los magistrados también observaron la precariedad del techo de la construcción, el cual es de eternit, por lo que no podría resistir un atentado con explosivos, granadas o bombas de mediano impacto; atentado que resulta facilitado por la contigüidad de la avenida Gambeta y el frecuente paso de camiones y otros vehículos pesados.
Según informa el diario citado, los magistrados acordaron solicitar que los funcionarios de Defensa Civil efectúen una inspección al local, con la finalidad de determinar si ofrece las condiciones mínimas de seguridad.
Como se sabe, debe ser el órgano jurisdiccional -y no las autoridades de gobierno y administración del Poder Judicial, que en pasados días recibieron el nuevo edificio de manos del Ministerio de Defensa- el que apruebe en definitiva si el local reúne las condiciones indispensables para ser considerado sede judicial, en cumplimiento de los requisitos establecidos al respecto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras una consulta formulada por el propio Estado peruano.
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