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Si se pretende lograr un verdadero cambio en el sistema judicial, es necesario tener en cuenta que no sólo son importantes las reformas que se implementen al interior de las instituciones vinculadas a la tarea de administrar justicia, sino que también es indispensable que las instituciones del Estado y todo proceso de reforma que se lleve a cabo en ellas gocen del voto de confianza otorgado por la ciudadanía.
Infortunadamente, en nuestro país la ciudadanía ha demostrado una vez más no confiar en los organismos del Estado y, en cuanto a nosotros atañe, en particular en el Poder Judicial. Así lo evidencia la encuesta divulgada esta semana por la Universidad Nacional de Ingeniería (Gestión, 19 de setiembre), que fue realizada los días 13 y 14 de este mes en Lima y Callao. Dicho sondeo refleja que el 80,3% de la población desaprueba la gestión que viene desempeñando esta institución. La cifra es preocupante, pues podría debilitar las acciones impulsadas por este Poder del Estado en relación a la reforma judicial.
En este marco, la reforma del sistema de justicia aparece como la segunda prioridad de las reformas estatales para la población encuestada, con un 18,2% de respaldo. Con esta cifra a la vista, se puede apreciar que las medidas hasta el momento adoptadas para impulsar el cambio de la justicia peruana, ya sea por el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, no han sido del todo bien recibidas por la población.
Sin embargo, cabe mencionar que el desconocimiento de la ciudadanía acerca de las acciones adoptadas se convierte en un elemento adicional a la baja confianza otorgada al Poder Judicial, por lo que resulta imperativo reforzar el proceso de debate público de la problemática y de convocatoria a los diversos sectores políticos y sociales, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil.
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