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Si hay algún caso que muestra la ineficiencia de nuestro sistema judicial y da la razón a la ciudadanía por la desconfianza que siente ante los órganos de impartición de justicia, es el proceso seguido contra la discoteca Utopía.
Es de lamentar que los familiares de las victimas de este trágico episodio tengan que recurrir a los Consulados de diferentes países para exigir apoyo en sus demandas, pues el Ministerio Público hasta el momento no ha dado explicaciones por las irregularidades que se han producido en el proceso penal seguido a los implicados en la causa.
El principal problema se presenta ante la negativa de la Fiscalía de incluir en la denuncia penal a Edgard Paz Ravines y Alan Azizollahoff, principales accionistas de la discoteca. Esto genera grandes suspicacias entre los familiares, pues en un pasado programa periodístico salió a la luz una comunicación escrita de Percy North en la que informa a Azizollahoff que cuentan con el apoyo de la 49 Fiscalía Provincial Penal, por lo que resultaría posible "manejar" el caso.
Ante los hechos y dada la inacción de la Fiscalía, los familiares de los deudos han recurrido a diversos Consulados para que pidan explicaciones sobre el caso. Esto aprovechando la nacionalidad extranjera o la doble nacionalidad de algunas de las víctimas de la tragedia.
Desde luego, este emblemático caso trae a colación la desgracia análoga ocurrida en Mesa Redonda, el 29 de diciembre del 2001. Según informaciones de prensa, todavía existen problemas en el proceso de reparación a favor de los que sufrieron lesiones o perdieron a sus familiares en el trágico incendio.
Frente a estos hechos, es necesario recordar que la legitimidad de los órganos del sistema de justicia, si bien deriva de la Carta constitucional, se gana día a día a través de su actuar y por medio de sus resoluciones.
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