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Lima,
2 de diciembre del 2004 |
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El pasado jueves 25 de noviembre,
el Congreso de la República aprobó el
Presupuesto del Sector Público pero por un
monto menor al señalado en el proyecto de ley
enviado por el Ejecutivo. Ello en razón a que
el Tribunal Constitucional se pronunciara a
favor de la acción de inconstitucionalidad del
anticipo adicional del impuesto a la renta, lo
cual generó un desequilibrio entre los ingresos
y gastos del presupuesto del sector público
para el año 2005 por un monto aproximado de 800
millones de nuevos soles. Asimismo, el Congreso aprobó la
Ley de racionalización de los gastos públicos,
por medio de la cual, entre otras medidas, se
reducirá en 5% la partida Bienes y servicios
con cargo a Recursos ordinarios en toda la
Administración Pública, a excepción de Salud,
Educación y Agricultura. Esta norma implicaría
una reducción aproximada de 8 millones de
nuevos soles en el presupuesto del Poder
Judicial, con lo cual se le asignará a esta
institución alrededor de 637 millones de nuevos
soles en el 2005. Recordemos que el mismo 25 de
octubre, el presidente del Poder Judicial, el
Dr. Hugo Sivina, sustentó su presupuesto además
de una Demanda Adicional por 354 millones de
nuevos soles ante el Congreso, el mismo que en
determinados momentos sólo contó con veintidós
congresistas (Caretas
N° 1851, 2 de diciembre del 2004). La Demanda
Adicional no fue aprobada por los padres de la
patria, pues debe haber ejercido algo de
influencia el hecho que el 70.5% de la misma se
dirigía a financiar bonificaciones especiales,
gastos operativos, pago de sentencias,
bonificaciones familiares y compensación por
tiempo de servicios. Así como es lamentable el
reducido interés de los congresistas en debatir
la conveniencia o no de otorgar mayores recursos
al Poder Judicial, también lo es el que la
reforma prácticamente no haya sido considerada
por el mismo Poder Judicial dentro de su
presupuesto ni en los pedidos adicionales de
recursos. Esperemos que la nueva gestión tome
cartas en el asunto. |