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Lima, 2 de diciembre del 2004 |
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El
Presidente chileno, Ricardo Lagos, aprobó esta
semana la reparación a los presos políticos y
torturados en Chile durante la dictadura del ex
General Augusto Pinochet, información que se ha
hecho pública en el Informe de la Comisión de
la Tortura. “Se terminó el silencio, se
desterró el olvido, se reivindicó la
dignidad”, señaló el mandatario. Lo más
importante de este proceso es que el Presidente
admitió la responsabilidad del Estado, y anunció
tres tipos de reparaciones para las 28 mil
personas, cuyo testimonio fue aceptado por la
Comisión, y aclaró que estas medidas apuntan a
“sanar las heridas y no a reabrirlas”. Lagos
señaló la creación de un Instituto Nacional
de Derechos Humanos, la eliminación de los
antecedentes prontuariales, el restablecimiento
de la honra pública y de los derechos
ciudadanos. Anunció pensiones vitalicias para
las víctimas, beneficios en salud (también
mental), vivienda y educación. Se otorgó
asimismo la posibilidad de que descendientes
directos de las víctimas reconocidas por el
informe puedan ser eximidos del servicio
militar, cuando lo requieran. Al
anuncio de las reparaciones se suma el hecho de
que el Pleno de la Corte de Apelaciones de
Santiago, resolvió desaforar al ex General
Augusto Pinochet, para que sea investigado por
su responsabilidad en el asesinato del General
(r) Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert,
muertos en Argentina en 1974. El pleno habría
tomado esa decisión porque existen elementos
suficientes que vinculan al dictador Pinochet
con el asesinato. El
importante reconocimiento presidencial chileno
sintoniza con el realizado por la Marina y los
Carabineros respecto de actos de tortura
cometidos por sus efectivos en las bases
militares y fuera de ellas. La gran ausente en
el mensaje presidencial es la decisión de
investigar y sancionar a los responsables de tan
horrendos crímenes. Pero, a pesar de ello y con
informe en mano, los chilenos nos están
llevando varios pasos adelante en lo que
respecta a reparación a las víctimas. En
nuestro país, a pesar de que desde hace un año
se ha emitido
el informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, poco o nada se ha avanzado en
materia de reparación y judicialización de
casos. ¿Qué dirán ahora los políticos que
buscan en Chile el norte que necesita nuestro país
para salir adelante? ¿Querrán imitar al
Gobierno chileno en cuanto a las medidas
adoptadas o seguiremos también en este tan
importante tema, a la cola de otras democracias
latinoamericanas y mundiales? Aún estamos a
tiempo de rectificar rumbos, las víctimas
peruanas merecen ser reparadas y sus casos
judicializados. |