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Lima,
2 de diciembre del 2004 |
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No
ha prosperado la investigación a los miembros
del Consejo Supremo de Justicia Militar que
cometieron prevaricato y encubrimiento personal,
por no denunciar al general Hermoza y a
Montesinos, por el caso del asesinato de los
estudiantes de La Cantuta. Sobre
este caso, el Ministerio Público, a través del
fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, no
solamente ha abdicado de su función en la
dirección de la investigación penal al
devolver la denuncia al fuero castrense, sino
que ha incumplido disposiciones específicas de
su ley orgánica, en relación al ejercicio de
la acción penal y la defensa de la legalidad.
Esta es una noticia lamentable y contradictoria.
Dice mucho, por provenir de un Fiscal Supremo,
cuando precisamente recientes decisiones de
organismos dentro del sistema de justicia y del
Congreso, van en el camino contrario de
normalizar la justicia incorporando el fuero
militar a la justicia común. Son ejemplos de
ello las decisiones del Tribunal Constitucional,
la aprobación de la reforma constitucional por
parte de la Comisión de Constitución, o el
reciente fallo de la Corte Suprema en relación
a la justicia militar. |