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Lima,
9 de diciembre del 2004 |
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Con gran sorpresa se ha recibido la noticia acerca de la separación de los 31 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de nuestro vecino país del Ecuador. El pasado 8 de diciembre, el Congreso decidió por mayoría destituir a la máxima instancia del Poder Judicial acusando a sus miembros de estar vinculados con poderosos partidos políticos opuestos al gobierno. Este hecho resulta sumamente grave para la estabilidad de un país democrático y es una llamada de atención al resto de las naciones de la región acerca de lo que puede ocurrir cuando sus instituciones de justicia no responden a las expectativas ciudadanas. En este sentido, más allá de discrepar con la forma seguida por el parlamento unicameral ecuatoriano, que según indican diversas fuentes es además inconstitucional, no podemos dejar de mencionar que lo sucedido se da en un contexto de descrédito y mala imagen de dicho poder estatal. Esperamos
que por el bien del sistema democrático
ecuatoriano esta crisis se supere de la mejor
manera posible, pero también confiamos en que
estos hechos ayudarán a reflexionar a los
integrantes de nuestra Corte Suprema para que
asuman la necesidad de promover y realizar la
reforma integral del sistema de justicia, pues
esta es la mejor manera de evitar que la
prolongada crisis de la justicia que vivimos
conduzca a sucesos como estos en nuestro país. |