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Lima, 16 de diciembre del 2004 |
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Han pasado dos semanas desde que en el Parlamento se planteara la formación de una comisión para investigar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quienes, como todos sabemos, estuvieron a cargo de la última evaluación para elegir jefe de la ONPE y terminaron declarando desierto el concurso. Según informa la prensa, el congresista Heriberto Benítez solicitó al Presidente del Congreso, Antero Florez-Aráoz, que se efectuaran, con carácter de urgencia, las coordinaciones políticas necesarias para que en la sesión plenaria del lunes 13 de diciembre se pueda debatir y aprobar las mociones para formar una comisión investigadora sobre las irregularidades que vienen siendo cometidas por los integrantes del CNM (El Comercio, 11/12/04). Pero
lo de Tuesta no es el único caso denunciado,
hay una serie de irregularidades que los
consejeros tienen que aclarar. Por ejemplo, la
negativa del CNM a entregar los currículos de
postulantes a magistrados, a organizaciones de
la sociedad civil que vienen desarrollando una
campaña nacional de participación ciudadana en
el proceso de selección de jueces y fiscales.
El CNM señaló que sólo entregará información
sobre los currículos cuando lo considere “conveniente”
y “siempre
que el soporte técnico y económico para tal
efecto lo permita” (CNM impide participación ciudadana en proceso de selección de magistrados).
Dicha actitud del CNM desconoce abiertamente el
derecho de acceso a la información pública
recogido por la Constitución Política, en su
artículo 2º inciso 5, así como lo establecido
en la Ley Nº 27806, más conocida como Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LTAIP). Incluso,
de acuerdo con el artículo 4 de la LTAIP, “los
funcionarios o servidores públicos que
incumplieran con las disposiciones a que se
refiere esta Ley serán sancionados por la
comisión de una falta grave, pudiendo ser
incluso denunciados penalmente por la comisión
de delito de Abuso de Autoridad a que hace
referencia el Artículo 377 del Código Penal”. De igual manera, el CNM tiene que explicar a la población las razones por las que convocó a un examen escrito adicional “especial” para 81 postulantes (convocatoria N° 001-2004), diferente al examen rendido el 14 de noviembre pasado por la mayoría de los postulantes. No quedaron claros los motivos de esta nueva evaluación escrita, habida cuenta que en la convocatoria aparecida en El Peruano, el 21 de noviembre pasado, no se da ninguna razón para la realización de la misma. Ante esta situación, consideramos que el Consejo Nacional de la Magistratura debió en forma inmediata emitir un pronunciamiento y explicar las razones de este trato diferenciado, para disipar dudas y suspicacias. El silencio del CNM sólo ha contribuido a alimentar la sospecha de trato discriminatorio en perjuicio de los demás postulantes. Por
todo ello, a pesar de que en un reciente
pronunciamiento de fecha 9 de diciembre, el CNM
señala que “el
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura
reitera su compromiso de seguir trabajando por
la consolidación del Estado de Derecho y de
velar por el respeto irrestricto del principio
de legalidad como pilares fundamentales del
sistema e institucionalidad democráticos”,
consideramos
que los hechos antes mencionados no contribuyen
a consolidar el Estado de Derecho y menos aun
velan por el principio de legalidad, sino todo
lo contrario, alimentan la cultura de secreto y
la arbitrariedad, limitan la participación
ciudadana en el proceso de selección de jueces
y fiscales y violan la Constitución Política y
la Ley N° 27806 en lo referido al derecho al
acceso a la información. Todo lo cual demuestra
la necesidad de que las investigaciones
parlamentarias se realicen con la mayor seriedad
del caso. |