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Lima, 16 de diciembre del 2004 |
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El
arresto domiciliario ordenado por el juez Juan
Guzmán Tapia contra el ex dictador Augusto
Pinochet, por el secuestro y posterior
desaparición de 9 personas y el homicidio de
otra, en el marco de la Operación Cóndor, quedó
paralizado, a la espera de la decisión de la
Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, sobre el
hábeas corpus interpuesto por los abogados de
Pinochet (El
Comercio, 15/12/04). En enero del 2001, el
juez Guzmán Tapia ya había intentado el
arresto domiciliario del militar –caso de la
caravana de la muerte– que culminó con la
decisión de la Corte Suprema, de julio de ese año,
que lo liberó por su estado de demencia
moderada. El gran dilema en todo este proceso se
cierne sobre su supuesta senilidad o su
incapacidad para responder por sus actos, asunto
que ha quedado resuelto luego de haber aparecido
en programas de televisión en completo uso de
sus facultades mentales. Para
el juez, Pinochet a pesar de su avanzada edad, “está
claramente vinculado con la realidad”.
Como se recuerda, la Operación Cóndor fue un
esfuerzo concertado entre los servicios de
seguridad e inteligencia de las dictaduras del
Cono Sur, para la desaparición de personas y líderes
políticos de oposición en Chile, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Este plan,
diseñado por el general Manuel Contreras,
entonces jefe de la DINA (policía secreta) y
hoy cumpliendo prisión, ocurrió a finales de
la década de los 70 en el territorio de estos
países. Desde
su prolongada detención en Londres en el año
2000, Pinochet no había sufrido tanto las
consecuencias de la persecución judicial, esta
vez en su propio país. Primero, el
descubrimiento en EE.UU. del manejo
secreto de cuentas bancarias (entre US$ 4 y 8
millones) en el Banco Riggs plantea su
responsabilidad penal por fraude al fisco,
negocios incompatibles y malversación de
fondos. Incluso el juez que ve esta causa,
Sergio Muñoz, no aceptó el pedido de la
defensa para el levantamiento de la orden que
congeló una parte de sus bienes. Luego,
vendría su desafuero parlamentario ocurrido en
mayo del 2003 y la nueva causa abierta, esta vez
por delitos contra los derechos humanos. Entre
las consecuencias del Informe Valech sobre
Torturas, se debe destacar la asunción de
responsabilidades individuales de las Fuerzas
Armadas chilenas; por su parte, mientras la
Asociación Nacional de Magistrados reconoció
sus responsabilidades, la Corte Suprema chilena
rechazó haber concertado con quienes cometieron
delitos contra los derechos humanos. En
este contexto, a pesar que los abogados de
Pinochet han denunciado una persecución política,
ha habido una reacción positiva de familiares y
grupos de derechos humanos, ya que consideran
que no habrá impunidad al más alto nivel de la
cúpula militar. Por último, el presidente
Lagos descartó que se produzcan nuevas
tensiones en el Consejo de Defensa del Estado,
ya que se considera que se trata de una buena
medida que “permitirá
aclarar las responsabilidades del ex
dictador”. |