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Lima, 16 de diciembre del 2004 |
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En medio de una serie de protestas se confirmó la destitución de 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, designándose a sus reemplazantes que inmediatamente asumieron el cargo. Dicha medida, dictada el pasado jueves 9 por el Congreso, a iniciativa del Poder Ejecutivo (Destituyen a corte suprema en Ecuador), ha generado una polarización entre quienes rechazan esta actuación y quienes la aprueban aduciendo que la máxima instancia del Poder Judicial estaba politizada. A
partir de una lectura de la Constitución Política
del Ecuador se desprenden diversos argumentos
que refuerzan ambas posiciones.
En este sentido, por un lado están
quienes alegan que los congresistas no tienen la
facultad de destituir o elegir a magistrados de
la Corte Suprema ya que estos son vitalicios, y
además el propio texto constitucional de 1998
en su artículo 202° señala que en el caso que
se produzca una vacante, es la propia Corte
Suprema, con el voto favorable de dos tercios de
sus miembros, quien debe designar al
reemplazante. De otro, se tiene a quienes
defienden la medida adoptada por el Congreso,
puesto que en su interpretación correspondía
enjuiciar políticamente a los ministros jueces
de la máxima instancia del Poder Judicial,
porque una disposición transitoria del texto
constitucional (N° 25) establecía que los
magistrados de la Corte Suprema se habían
excedido en su mandato, el mismo que debió
haber concluido en enero del 2003. Asimismo, se
sustentan en la Ley Orgánica de la Función
Judicial que otorga atribuciones al Congreso
para elegir a los magistrados. Lo
cierto es que más allá de este debate jurídico,
está en juego la sostenibilidad
del propio sistema democrático del país vecino
que, esperamos, sea capaz de superar la crisis
de su aparato judicial, el mismo que, por
cierto, parece tener un serio problema de
credibilidad que hace urgente la adopción de
medidas drásticas de cambio. Asimismo, el
impacto de la medida adoptada en el resto de los
países de la región puede ayudar a generar una
reflexión sobre la imperiosa necesidad que las
administraciones de justicia respondan a las
expectativas ciudadanas, manteniéndose al
margen de las disputas político-partidarias. |