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Una de las dificultades existentes en la defensa judicial del Estado ha sido el número de insuficiente de procuradores, situación que ha contribuido a que no se cautele adecuadamente los intereses estatales. Frente a dicha situación el recientemente nombrado procurador anticorrupción, Lorenzo Sotomayor Von Maack, ha señalado que se viene preparando un planteamiento para que la labor que actualmente lleva a cabo la procuraduría sea realizada por un gran estudio de abogados (El Comercio, 27 de junio).
Más allá de resaltar la inquietud del nuevo procurador por asegurar que los intereses del Estado sean protegidos de la mejor manera evitando casos de corrupción, merece reflexionarse acerca de este planteamiento para que un "gran estudio de abogados" se encargue de dicha tarea.
Precisamente uno de los aspectos complicados en la cautela de los intereses del Estado es la definición de cuáles deben ser las características de quiénes asumen la defensa y del escrupuloso cuidado que se debe tener para evitar los conflictos de intereses. En este sentido, llama la atención que se proponga que un estudio de abogados privado sea quien asuma la defensa judicial por las posibles incompatibilidades que podrían generarse.
Consideramos que en aras de evitar este posible choque de intereses, debería regularse previamente todas las incompatibilidades que tendrían los abogados que asumen la defensa del Estado con el ejercicio de la práctica legal. Sólo de esta manera podría atenuarse eventuales dudas acerca de una correcta defensa de los bienes públicos.
(Javier La Rosa Calle) |