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El día 24 de junio pasado, el Congreso de la República dio un paso importante en cuanto a la siempre postergada reforma del sistema procesal penal. Así, el Pleno de dicho organismo delegó facultades al Poder Ejecutivo por 30 días para que legisle, corrija defectos y apruebe el proyecto de Código Procesal Penal.
Cabe indicar que el Anteproyecto, elaborado por una comisión convocada a iniciativa del presente gobierno, busca establecer un nuevo modelo procesal, en la línea de lo que es la protección de derechos fundamentales en el ámbito constitucional e internacional. Así, se resalta en su exposición de motivos que las grandes líneas rectoras de nuevo modelo son:
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la separación de funciones de investigación y juzgamiento;
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el impedimento de la procedencia de oficio del juez;
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el impedimento de juzgar a persona distinta del acusado; ni en base a hechos no imputados;
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la vigencia de los principios de contradicción e igualdad;
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el pleno respeto de la oralidad; y,
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la libertad del imputado como regla general.
Por esto, la voluntad del Poder Legislativo y Ejecutivo por promulgar el Código Procesal Penal llama la atención gratamente, más aún considerando los tantos intentos fallidos por contar con un marco normativo que nos coloque a la par de otras reformas desarrolladas en América Latina.
Sin embargo, no basta un nuevo código para un cambio estructural, puesto que son necesarias otras importantes reformas que contribuyan a implementar con éxito el nuevo modelo procesal. En ese sentido, la labor de la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás instituciones del sistema serán determinantes en la búsqueda de una nueva justicia penal.
(César Bazán Seminario) |