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Lima, 04 de noviembre del 2004 |
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El
pasado lunes informó la prensa que alrededor de
dos mil pobladores de la localidad de Túpac
Amaru, en la provincia de Juliaca, Puno, habían
quemado y saqueado 17 centros nocturnos de dicha
ciudad (La República, 02/11/04). Según
se informa, esto ocurrió como “venganza”
por la muerte de Jacinto Mamani Yucra, de 48 años,
quien había sido arrojado del night club Mina
de Oro, cayendo a la pista y siendo aplastado
por un trailer que circulaba por el lugar (Expreso,
01/11/04). Al parecer, los vándalos fueron
azuzados por moradores que decían
estar hartos de los “antros de perdición”. Según
información difundida posteriormente, 19
personas se encontrarían detenidas, de los
cuales seis son menores de edad, quienes están
acusados de cometer los delitos contra la paz,
alteración del orden público y destrucción de
la propiedad privada. Lo sorprendente de todo
esto son las declaraciones del alcalde de
Juliaca, señor Miguel Ramos, quien calificó
como “una actividad lógica la asumida por
los pobladores porque consideró que los
propietarios de los centros nocturnos cometen
una serie de atropellos”. Agregó que en
reiteradas oportunidades la Alcaldía intentó
cerrar dichos locales porque no contaban con una
licencia de
funcionamiento y porque evadían impuestos.
Explicó que los dueños de los locales
consiguieron protección judicial a través de
acciones de amparo, acusación que ha sido
puesta en duda por la Asociación de Jueces por
la Justicia y la Democracia, a través de un
pronunciamiento emitido el 4 de noviembre (ver
pronunciamiento en este mismo portal). Sin
embargo, el problema no acaba ahí, pues un
diario local da cuenta de las declaraciones de
la Doctora Maruja Cutipa Corimaygua, Fiscal de
Prevención del delito de la Región, quien ha
denunciado la existencia de 80 locales nocturnos
que no cuentan con licencia de funcionamiento en
Juliaca. Todo
estos acontecimientos no hacen sino expresar una
cultura de la informalidad, que no es otra cosa
que la institucionalización, según editorial
del diario Expreso, de “una cultura de
desprecio por la ley” (Expreso, 1 de
noviembre). Al parecer, se han encontrado y se
retroalimentan la impaciencia de la población
frente a la delincuencia, la clamorosa
ineficiencia del sistema de justicia y la inacción
de las autoridades, todo lo cual incuba y
alimenta una peligrosa y creciente desconfianza
de la población en sus autoridades, lo que es
incompatible con un Estado democrático. Al
igual que en los anteriores casos, como el de
Ilave, Azángaro, San Gabán, aquí también
debemos preguntarnos ¿por qué las autoridades
del Poder Judicial, el Prefecto, el Gobierno
Regional y Municipal, el Ministerio Público y
la Policía, no hicieron nada?, ¿por qué se
toleró esta situación durante varios meses?,
¿dónde estaban las autoridades al momento en
que ocurrieron estos hechos? Ante
esta situación cabe preguntarse: ¿qué estamos
esperando el Estado y la ciudadanía para
reaccionar?, ¿qué nuevos actos de saqueo y
vandalismo deben ocurrir para que el Estado
adopte medidas y acciones para que no se repitan
estos actos? Hay un mensaje que la sociedad está
enviando a las autoridades del sistema de
justicia y a las autoridades del gobierno. El
mensaje es que no confía más en ellos y
tampoco en los mecanismos que la ley ha
contemplado para resolver estos conflictos. |