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Lima, 11 de noviembre del 2004 |
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La
semana pasada comentábamos en una nota el
saqueo y quema de 17 centros nocturnos por parte
de dos mil pobladores en Juliaca, Puno (ver “Saqueo
y quema de discotecas en Juliaca: ¿Hasta cuándo
el vandalismo?”). En dicha
oportunidad, denunciamos la ausencia de una
respuesta oportuna y adecuada desde el Estado y
la propia sociedad civil, junto con la
existencia de una cultura de desprecio por la
ley. Nos preguntábamos entonces, “¿qué
estaba esperando el Estado y la ciudadanía para
reaccionar?, ¿qué nuevos actos de saqueo y
vandalismo deben ocurrir para que el Estado
adopte medidas y acciones para que no se repitan
estos actos?”. Esta
semana constatamos con satisfacción, que la
reacción vino del Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana de Juliaca, integrado por
las autoridades locales y políticas, y dirigido
por el alcalde provincial Miguel Ramos. Los
miembros de esta instancia, acordaron el cierre
definitivo de todos los locales nocturnos, entre
bares, prostíbulos, night clubes, discotecas y
chicherías (La República, 05/11/04).
Asimismo, dicho comité ha solicitado a
entidades como Sunat, Ministerio de Trabajo,
Fiscalía y Registros Públicos que sean más
severos en la fiscalización de estos negocios. Nos
hemos enterado por la prensa local que varios días
después de los lamentables hechos que
sacudieron Juliaca, las autoridades clausuraron
4 de estos cuestionados negocios (en Juliaca hay
más de 100 establecimientos),
pese a la tenaz resistencia de sus
propietarios (La República, 07/11/04). Agrega
la fuente que en dichos operativos, se intervino
a 16 personas indocumentadas, en su mayoría
mujeres, y se incautó muebles y artefactos de
dudoso origen. Es
oportuno hacer referencia a las declaraciones
del Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Puno, Ricardo Salinas, quien informó que las
acciones de amparo presentadas por supuestas
asociaciones de propietarios de clubes nocturnos
se declararon infundadas (La República,
05/11/04). Mostrando las resoluciones de los
jueces refirió, que en el caso de Juliaca los
dueños de los establecimientos interpusieron
hasta seis acciones de amparo con el pretexto de
que el cierre ordenado por el Consejo de Juliaca
afectaba su derecho al trabajo (El Comercio,
06/11/04). Saludamos
la respuesta por parte de las autoridades
competentes, tarde pero necesaria. De igual
manera nos parece positivo, que dicha respuesta
no haya sido dispersa y aislada, sino que ésta
se haya canalizado a través del Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana de Juliaca en
forma “coordinada”. Ciertamente, no se han
solucionado todos los problemas de seguridad
ciudadana en Juliaca, sin embargo, consideramos
que se ha dado un “primer paso” importante. |