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Lima, 18 de noviembre del 2004 |
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En
los últimos días, hemos sido testigos no sólo
de una nueva crisis judicial sino también de
una suerte de “histeria política” originada
por el descontrol en el manejo público del juicio contra Abimael Guzmán y la cúpula
senderista, en el
caso de la academia “César Vallejo”. Luego
que dos vocales se inhibieron de conocer el
caso, se quebró
la audiencia y se produjo el desenlace que
-debido a los excesivos formalismos de los
procesos judiciales-
parecía nunca llegar. El juicio volvió a fojas
cero y se anunció la composición de un nuevo
tribunal que juzgará el caso. Sin lugar a
dudas, ésta ha sido la mejor salida o, mejor
dicho, la menos dañina. La nueva Sala estará
integrada por Pablo Talavera, Jimena Cayo y
Victoria Sánchez, magistrados de destacada
trayectoria y experiencia judicial que
garantizan plenamente la normal conducción del
nuevo proceso. Estando
resuelto este tema, creemos que se debe definir
la estrategia judicial del Estado, la misma que
debe tener en claro cuántos procesos se le
seguirá a Guzmán y a sus demás co-acusados de
la dirigencia nacional senderista. En este
asunto se impone la necesidad de desarrollar un
proceso de acumulación de las principales
causas judiciales seguidas contra ellos y, de
este modo, elaborar un paquete complejo de pocos
casos. Resulta poco probable y hasta
contraproducente que, basándose en la cantidad
de implicados y de hechos ilícitos perpetrados
y el estado procesal de las diferentes causas,
se decida acumular todos los casos en un gran
proceso judicial. No
olvidemos que en estos procesos judiciales, Guzmán
y la cúpula senderista serán sometidos a la
justicia en calidad de dirigentes, es decir,
como aquellas personas que planificaron,
organizaron y ordenaron ejecutar diversos actos
criminales de naturaleza terrorista. Siempre se
debe tener presente que los delitos cometidos
por Sendero Luminoso fueron perpetrados por una
organización criminal en cuyo vértice jerárquico
se encuentra Abimael Guzmán, y, por tanto, la
responsabilidad penal que tienen resulta
ineludible y -a estas alturas de nuestra
historia- plenamente demostrada. De otro lado,
es sumamente importante que, luego de establecer
la acumulación de los casos, se determine una
fecha cierta y próxima para el inicio del nuevo
juicio. Por
otro lado, tengamos en cuenta que desde hace algún
tiempo el senderismo viene desplegando una
estrategia legal que tiene dos objetivos muy
definidos: entorpecer la continuidad de los
procesos judiciales para luego exigir sus
excarcelaciones por exceso en el plazo de
detención y generar vicios insalvables para
cuestionar a nivel internacional la legalidad y
legitimidad de los mismos. Desde
nuestro punto de vista, esta estrategia tiene
que ser sustancialmente combatida por el Poder
Judicial y el Ministerio Público, para obtener
un juicio impecable, desarrollado en el tiempo
oportuno y realizado respetando las reglas del
debido proceso. En ese sentido a la Procuraduría
antiterrorista le corresponde asumir su condición
de parte procesal y acompañar e impulsar este
proceso. Por ello no terminamos de entender el
objetivo de las críticas formuladas por el
procurador contra el presidente de la Sala, más
aun si estas no tienen sustento alguno. Ante
la evidente derrota política y militar del
senderismo hoy, el reto de la nueva Sala Penal
es lograr su derrota en el terreno judicial y
demostrar que el Poder Judicial de la democracia
puede actuar con justicia y severidad. |