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Lima, 18 de noviembre del 2004 |
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Hace
unos días, un diario local publicó una
encuesta sobre la “inseguridad ciudadana” en
Lima (El Comercio,
15/11/04),
a propósito de los linchamientos populares en
diferentes lugares del país. La idea central de
este informe es que, ante la incapacidad de las
autoridades para detener y sancionar a los
delincuentes, la ciudadanía empieza a mostrarse
a favor de las manifestaciones de justicia por
mano propia. Es
preocupante constatar que a la pregunta de por
qué los linchamientos populares, el 45% de la
población responde que es por falta de
autoridades honestas, y el 41% por falta de
leyes adecuadas. Luego, cuando se pregunta a los
encuestados cuál es su posición si las
autoridades faltan y la población toma la
justicia por su propias manos, el 61% de la
población responde que tiene derecho a tomar la
justicia por sus propias manos, pero sin llegar
a matar, frente a un 35% que señala que la
población no tiene derecho a tomar justicia por
sus propias manos. El
problema es serio, pues no hablamos de casos
aislados. Hace algunos días, otro diario local
informaba que en el Perú se habían producido
en lo que va del año 1993 linchamientos, de los
cuales 695 habían ocurrido en Lima. En ese
mismo período, dicha fuente agrega que se han
registrado 18 muertos por ajusticiamientos
populares a nivel nacional (La República,
04/11/04). En
relación con las causas de esta situación, se
señala en primer lugar la falta de agentes
policiales, pues se afirma que la Policía
cuenta con 92 mil efectivos en actividad para
atender a una población de 24 millones de
habitantes. Según el congresista Luis Gonzáles
Posada, se requiere 70 mil policías más, así
como 300 nuevas comisarías, para atender
cabalmente las necesidades de la población en
todo el territorio nacional. La segunda causa es
la benevolencia de las leyes. Se explica que las
normas penales no sancionan con prisión
efectiva las faltas y los delitos menos graves.
Así, quienes son sorprendidos en flagrante
delito, robando por ejemplo un televisor, son
puestos a disposición de la Fiscalía, la cual
denuncia penalmente sólo con orden de
comparecencia. (La República, 04/11/04). La
problemática de la inseguridad ciudadana es de
tal envergadura, que incluso afecta la economía
del país. Nelson Manrique, en una columna de un
diario local (Perú 21,
15/11/04),
señalaba que el 17% de la Población
Económicamente Activa está empleada en el
rubro "Seguridad", cifra que supera a
la de la PEA del sector manufacturero
industrial. Esto tiene graves implicaciones.
Como señala este autor, lo que se gasta en
seguridad no crea nuevos valores que se
incorporen al mercado, genera más bien costos
que son cargados al precio final de los bienes y
servicios que se producen, encareciendo los
productos. El
problema es complejo, y merece un estudio
detenido y sereno de especialistas y de la
población en su conjunto. Asimismo, creemos que
esta discusión no puede darse al margen del
proceso de reforma de la justicia en curso en
nuestro país. De otro lado, estamos convencidos
que la sobre-criminalización y la
sobre-penalización no son salidas serias y
efectivas. Tampoco creemos que la respuesta deba
de darse solamente en el campo de la represión
penal, sino en el campo de la prevención. Quizá
una pista para comenzar a encarar este problema,
es la implementación de las medidas
alternativas a la pena privativa de la libertad.
En todo caso, el tema está planteado. |