Lima, 18 de noviembre del 2004

Un hecho importante se dio a conocer hace unos días: la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Ayacucho logró ubicar 17 fosas clandestinas con los restos de aproximadamente 21 comuneros de Tircus e Irquis (provincia de Huanta), que según los denunciantes fueron asesinados por una columna senderista, durante la madrugada del 20 de setiembre de 1984. El fiscal Tomás Infante, a cargo de la investigación, indicó que las exhumaciones se iniciarían a principios del año 2005, a causa de la época de lluvias (La República, 13 de noviembre).

El asesinato de pobladores de Tircus e Irquis es uno de los graves hechos de violencia que se dieron durante los 20 años de violencia política en nuestro país. Y al igual que todos, fue un hecho que destruyó historias de vida personal y creó fisuras en nuestra historia colectiva. La justicia que los familiares de las víctimas vienen buscando desde hace 20 años, encuentra, con el inicio de su judicialización, la posibilidad de poner nombres y sanciones a los responsables. Y en este punto, la actuación de nuestro sistema estatal de justicia debe tener como objetivo no volver a afectar a las víctimas y sus familiares, logrando que a través de la judicialización se logre la tan anhelada justicia, que ha sido largamente postergada.

Por ello, nos atrevemos a decir a los operadores del sistema de justicia que, por encima de sus deficiencias y contrariedades, que ahora buscamos resolver, no deben olvidar el papel principal y determinante que tiene para la viabilidad del país el investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años del terrorismo. Cierto es que estamos (aún) en un proceso de reforma del sistema de justicia, pero también es verdad que el hacer justicia no sólo depende de la capacidad y la organización del sistema, sino también de la sensibilidad y la capacidad de indignación de sus operadores. Ya la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final ha plasmado el significado de lo sucedido y la urgencia de lo que nos toca hacer, correspondiéndole al sistema de justicia reparar y encontrar la verdad.

“...La verdad sería encontrar a los verdaderos culpables de todo lo que ha pasado, a los autores intelectuales y materiales de todo lo que ha pasado, si se encuentran algunos culpables van a ser pocos, a muchos no les va a caer la justicia”, según dice el testimonio de una víctima de la violencia política, recogido en el libro “Para no olvidar”, el mismo que plasma fielmente lo que el país exige y lo que se espera del Ministerio Público y el Poder Judicial.
(Cruz Silva Del Carpio)