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Lima, 18 de noviembre del 2004 |
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La
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema,
presidida por el doctor Robinson Gonzáles, en
una lamentable actuación procesal, ha decidido,
luego de un año, que no es competente para
pronunciarse sobre el pedido de archivamiento de
proceso, solicitado por los accionistas de la
empresa Luchetti en la causa donde consideran
que no es delito ir a “conversar” al
despacho de Vladimiro Montesinos sobre el
proceso judicial que seguían con la
Municipalidad de Lima (La República, 18
de noviembre). “El
tiempo es oro”, reza un dicho popular, pero a
los integrantes de esta Sala Suprema parece
importarles muy poco el resolver luego de un año
una solicitud con relación a un caso de
presunta corrupción. Y, sobre todo, es mucho más
lamentable saber que la demora judicial ha
jugado a favor de la impunidad, ya que el
presente caso podría prescribir en los próximos
meses. Por
su parte, el doctor César Pantoja, Procurador
Adjunto Anticorrupción, considera que con esta
decisión la Corte Suprema “ha eludido su
responsabilidad de pronunciarse respecto de si
hubo o no delito de instigación al tráfico de
influencias”. Lo sucedido es sumamente grave,
ya que no sólo va contra una correcta
administración de justicia, sino también pone
en cuestión la efectividad de la lucha
anticorrupción y el rol del Poder Judicial en
ella. |