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Lima, 25 de noviembre del 2004 |
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Ha
generado rechazo e indignación ciudadana
la decisión del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) de declarar desierto el
concurso para elegir al jefe
de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), conforme fue anunciado el
pasado martes 23 (todos los diarios). Llama
profundamente la atención la manera poco
transparente e incluso irregular como se ha
conducido el citado concurso, que prácticamente
habría estado dirigido a impedir que el actual
jefe de la ONPE pudiese ser designado para un
segundo periodo. No solamente por el hecho de
haber seguido las reglas de un procedimiento
obsoleto de selección, que de manera subjetiva
ha valorado la calificación curricular y la
exposición del plan de trabajo de los
postulantes, sino porque el presidente del comité
de evaluación del CNM no habría dado muestras
mínimas de imparcialidad, lo cual lo
descalificaba para seguir conduciendo el
concurso. Con
su proceder el CNM ha demostrado no sólo
ligereza sino grave irresponsabilidad, ya que ha
sembrado serias dudas sobre la manera como
conduce los procesos de nombramientos (y
ratificaciones y destituciones) de magistrados,
además que ha generado fundados recelos acerca
de cuán correcta y ética viene siendo la
conducta de algunos de sus miembros. Es
bastante lamentable que, siendo el CNM un
organismo del sistema de justicia que debería
adecuarse a las corrientes de cambio y renovación
que viene reclamando la ciudadanía desde hace
tiempo, no haya seguido esta orientación, y por
el contrario sus integrantes no se percaten del
error cometido que contribuye así al
desprestigio del vapuleado sistema. Creemos
que el país no puede permitir esta clase de
errores, si es que no se trata de un intento malévolo
de perjudicar
a uno de los postulantes a la jefatura de la
ONPE. Con tan lamentable decisión, los actuales
consejeros -señores Daniel Caballero, Fermín
Chunga, Jorge Angulo, Teófilo Idrogo, Luis
Flores, Jorge Lozada y Ricardo La Hoz- han
perdido toda legitimidad y credibilidad para
continuar en el ejercicio del cargo. Es
necesaria una amplia investigación
parlamentaria y, de encontrarse negligencia o
dolo, debería destituirse a los implicados.
Otra alternativa, menos onerosa, es que ellos
mismos renuncien. En cualquier caso, la ciudadanía
exige su relevo inmediato. |