Lima, 25 de noviembre del 2004

La jueza anticorrupción Sara Mayta solicitó a los Ministerios de Defensa y del Interior, y a las Comandancias de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, que procedan a la degradación pública de los ex Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, General EP (r) César Saucedo Sánchez, Contralmirante AP (r) Américo Ibárcena Amico y General del Aire (r) Elesván Bello Vásquez, además del General PNP (r) Fernando Dianderas Ottone y del Contralmirante AP (r) Humberto Rosas Bounicelli, ex Jefe del SIN, que se sometieron a los designios y corrupciones del ex Presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. La Dra. Mayta hizo este pedido en cumplimiento de la sentencia dictada contra los ex Comandantes de las FF.AA. por el caso de la firma de las actas de sujeción al régimen fujimorista.

La referida sentencia contra los ex militares, emitida el 25 de julio del 2003 y confirmada el 8 de julio del 2004, establece una pena de seis años de cárcel para cada uno de ellos y la privación de sus grados y títulos castrenses y policiales. El pedido del Poder Judicial ha sido respaldado por la Procuraduría Anticorrupción, a través del Dr. Ronald Gamarra, quien considera que “además de la degradación debería procederse al retiro de los cuadros e imágenes de los militares condenados que pudieran existir en las instituciones castrenses y públicas”. Para el procurador Gamarra resulta inadmisible que en los Ministerios de Defensa y del Interior y en las comandancias de las FF.AA. y escuelas castrenses, permanezcan los cuadros de quienes han demostrado ser indignos de llevar el uniforme de las Fuerzas Armadas. Agregó que “la degradación y el retiro son necesarios para deslindar cualquier relación de los institutos (armados y policiales) con estos malos oficiales” (La República, 23/11/04)

La solicitud de degradación pública de los altos mandos militares y policiales, planteada por la jueza Sara Mayta y respaldada por el procurador anticorrupción Ronald Gamarra, coincide con los deseos y aspiraciones de muchos peruanos, que creemos y queremos a nuestra patria, sus valores e instituciones. Por ello, consideramos que las instituciones militares y policiales no deberían esperar una sentencia judicial que se lo ordene; ellas, por sí mismas, deberían asumir cabal y responsablemente estas peticiones, ya que lo que está en cuestión es la dignidad, el valor y la honestidad de nuestras instituciones. Nunca es tarde para comenzar a zanjar con los malos elementos de las Fuerzas Armadas y Policiales que durante el Gobierno corrupto de Fujimori y Montesinos cogobernaron nuestro país; es hora de separar la paja del trigo, eso es un buen comienzo.
(Antonio Salazar García)