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El proyecto de ley del Presupuesto del Sector Público para el 2005 (49.387 millones de nuevos soles) ofrece un incremento de más de cinco mil millones de nuevos soles con respecto a su similar de este año. La primera impresión puede ser favorable, pero hace
falta anotar algunas precisiones de fondo vinculadas con la política de presupuesto que aplica el presente gobierno.
Las prioridades para este presupuesto, tal como lo ha señalado repetidamente el mismo presidente Toledo, son Educación, Salud, Interior, Defensa y Transportes y Comunicaciones. El presupuesto del Sector Educación ha sido beneficiado con un incremento pero dirigido a financiar en su mayoría el aumento de remuneraciones de los maestros, propuesta que, sin duda, es necesaria, pero que no contribuye significativamente a elevar la calidad educativa. A pesar del incremento para el Sector Salud, el Sistema Integral de Salud está desfinanciado en más de 300 millones de nuevos soles. En contraste, el presupuesto del Sector Defensa, no sólo aumentará en casi 500 millones de nuevos soles para el próximo año, sino que incluso se tiene casi lista la creación de un Fondo Especial para la Fuerzas Armadas, lo cual, dicho sea de paso, quebranta principios económicos básicos (unidad de caja e impuestos no dirigidos), y además genera un vacío en cuanto a la planificación y control de estos recursos. Por supuesto, también genera un costo de oportunidad, dado que estos recursos (inicialmente serán de 40 millones de dólares) podrían ser destinados a otros sectores tan o más importantes. Tampoco olvidemos que los gastos corrientes (de escasa productividad) siguen aumentando (llegan al 60% del presupuesto del Sector Público) y que uno de cada tres soles del presupuesto del 2005 se destinará para el pago del servicio de la deuda.
¿A qué viene este comentario en el que no se ha tocado el tema de la administración de justicia? El fondo del asunto es la ausencia de una política clara de estructuración del presupuesto, lo cual guarda estrecha relación con la postergada reforma del Estado y algunos otros factores. El planeamiento estratégico del Sector Público tampoco es el ideal. La formulación de Planes Estratégicos Institucionales es casi una realidad ajena en la administración de justicia. Los procesos de elaboración de presupuesto se vuelven casi un mero trámite para la repetición histórica del presupuesto de un año anterior o un poco más con algo de suerte. Producto de esto es que la justicia no cuente para el 2005 con recursos para implementar las recomendaciones de la CERIAJUS. Guiándonos del discurso por Fiestas Patrias del presidente Toledo, estaríamos a la espera de su implementación, pero para ello, es el Ejecutivo quien debe facilitar el incremento de los recursos.
Es curioso que el Fondo para las Fuerzas Armadas, pese a la oposición de algunos sectores, marche sin mayor problemas y sin tener un plan de acción para los próximos años -es decir, sin siquiera saber qué se va a comprar con dicho dinero- pero que el plan de reforma de la CERIAJUS no tenga fondo alguno. No es casualidad que la voluntad de los altos mandos militares haya sido fuerte y perseverante con el Fondo, situación que lamentablemente no se repite con los representantes de las instituciones vinculadas a la administración de justicia.
(Wilson Hernández Breña) |