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Desde Justicia Viva y el IDL dijimos que si no ratificaban a uno o varios procuradores no iba a ser porque no estuvieran cumpliendo bien sus funciones o por tal o cual declaración discutible, sino que sería por un hecho muy concreto, grave e imposible de ocultar: miedo a que estos procuradores, que han demostrado ser eficaces, contribuyeran a encontrar las pruebas contundentes de los casos de corrupción vinculados a este régimen que se están ya investigando (Almeyda, Bavaria, firmas falsificadas, familiares del Presidente, Mufarech, etc., etc.).
Dijimos que, si el Gobierno, sabiendo lo mucho que le iba a costar tumbarse a los procuradores nombrados por él y que hasta hace poco eran inclusive sus engreídos, lo hacía, daría la impresión de que tenía un rabo de paja que ocultar.
Bueno, como ha ocurrido lo contrario, y el Gobierno ha ratificado a los procuradores contra todos los pronósticos, lo que corresponde es sacar el mismo tipo de conclusiones: se trata de una buena señal que permitiría suponer que el régimen no tiene nada verdaderamente serio que esconder y que podría volver a haber voluntad política para avanzar en la lucha anticorrupción erga omnes (la de los 90 y las de estos años). No estamos diciendo que esto sea necesariamente así, sino tan solo que es justo reconocer el gesto de, finalmente, no desaparecer a los procuradores. Punto a favor.
Ahora, de ahí inmediatamente viene la segunda parte: ¿solo hasta diciembre? ¿Por falta de recursos? ¿Se evaluará si están cumpliendo bien su función?
Sería absurdo y otra vez sumamente sospechoso que en diciembre volviéramos a estar discutiendo si el Gobierno quiere tener procuradores como estos (independientes y eficaces) o si los quiere cercanos a la chakana o casi inexistentes como tanto funcionario público.
Si es un tema de recursos, simplemente habría que decir "qué mal negocio". Son los procuradores, conjuntamente con jueces y fiscales, los que han repatriado más de 170 millones de dólares; sería, entonces, un pésimo cálculo no invertir en continuar con la recuperación del dinero mal habido a costa del erario nacional. En términos de eficiencia, habría que recordar que lo avanzado en la lucha anticorrupción ya está demostrado: es la primera vez en la historia del Perú que hay alrededor de 1500 encausados, en 150 procesos, con 28 sentencias expedidas, 15 de las cuales son firmes. Y ello se debe a la labor de unos cuantos procuradores, jueces y fiscales, además del apoyo de importantes sectores de la opinión pública; una alianza novedosa que acaba de ganar una importante batalla y que marca el camino que se debe de transitar.
(Ernesto de la Jara Basombrío) |