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En más de una ocasión hemos mencionado que el presupuesto judicial debe ser manejado con mayor eficiencia y que, por lo mismo, no siempre más presupuesto es mejor. No sólo se trata de gastar lo programado, sino de generar economías de escala, ahorros o simplemente eliminar gastos superfluos que en el Estado siempre los hay. Nuestra posición es que primero el Poder Judicial debe mostrar una gestión transparente, que luego se convierta en eficiente, para finalmente conseguir un presupuesto suficiente sobre la base de sus propios méritos. Digamos que el incremento en el presupuesto 2005 ha priorizado la "suficiencia", aunque se pueden apreciar ciertos avances sobre la eficiencia y transparencia.
La tarea administrativa que acompaña la gestión del Dr. Sivina, si bien no es la mejor, ha mostrado mejoras con respecto a años anteriores, en los que, por ejemplo, en el 2002, treinta millones de soles no se ejecutaron por falta concreta de planes. La actual gestión administrativa (liderada por no abogados) ha potenciado el portal de transparencia del Poder Judicial, al mismo tiempo que ha participado en la negociación de un préstamo del Banco Mundial y ha comprado un amplio lote de computadoras y sentado una plataforma tecnológica a nivel nacional con dinero proveniente del FEDADOI. Por supuesto que las críticas tampoco están ausentes. Durante el 2003, dieciocho millones de soles del presupuesto judicial no se gastaron, siendo los posibles motivos el recorte del MEF o la incapacidad de gasto del Poder Judicial.
Es evidente que todo ello podría mejorar. Precisamente la CERIAJUS propuso una serie de medidas orientadas a elevar la calidad para manejar los dineros en el ámbito judicial. Por citar sólo un par de casos, estamos hablando de la "tercerización" de servicios, el costeo por actividades y la implantación de una política mobiliaria e inmobiliaria a favor del Poder Judicial. Una vez que ello se ponga en funcionamiento, los recursos serán mejor administrados y veremos presupuestos más realistas que reflejen las verdaderas necesidades de jueces y auxiliares.
Como vemos, así como hay retrocesos o estancamientos, existen avances concretos que no siempre acaparan las primeras páginas. Por ello, a pesar de que el accionar de la justicia está aún en deuda con la ciudadanía, contamos con elementos para discrepar de quienes parecen difundir un panorama que no se ajusta exactamente a la realidad. En todo caso, el reciente artículo de Juan José Martínez, "Cuando los juristas sobran" (El Comercio, 29/9/04), aviva el debate.
(Wilson Hernández Breña) |