Lima, 27 de enero del 2005

La hora de la justicia llegó por fin ayer en el célebre caso de los “diarios chicha”. Transcurrido aproximadamente un año de audiencias orales, la Sala Superior Anticorrupción “A”, presidida por Inés Villa e integrada por Inés Tello y Marco Ventura, condenó a los hermanos Moisés y Alex Wolfenson, ex propietarios de El Chino, y a José Olaya, ex director de El Tío, a cinco años de prisión efectiva por recibir dinero del Estado para difamar a los políticos de oposición al régimen corrupto de Alberto Fujimori. Ellos fueron encontrados culpables de complicidad en peculado, asociación ilícita para delinquir y delito contra la tranquilidad pública.

Por su parte, Vladimiro Montesinos, José Villanueva Ruesta y Elesván Bello fueron condenados a 8 años de cárcel por la comisión de los delitos de peculado, asociación ilícita, falsedad genérica y contra la fe pública, mientras otros encausados recibieron penas que fluctúan entre 5 y 2 años de cárcel, penas que no en todos los casos serán efectivas (Rozas Bonicelli, Wilbert Ramos, entre otros). Miriam Ravenna y Fiorella Olaya fueron absueltas debido a que el delito de receptación que se les imputaba había prescrito, en tanto el ex secretario de Montesinos, Mario Ruiz Agüero, fue eximido de pena al haberse acogido a los beneficios de la Ley de Colaboración Eficaz. A diez personas se les reservó la sentencia por hallarse enfermos o prófugos (Ibárcena, Borobio, Bresani, entre otros) .

El colegiado anticorrupción estableció, asimismo, que la reparación civil que deberá ser pagada por los condenados asciende a 4 millones 150 mil nuevos soles, y que las empresas periodísticas involucradas como terceros civilmente responsables deberán restituir al Estado diversos montos que sumados superan la cifra de 30 millones de soles.

Si bien varios de los condenados han impugnado la sentencia, por lo que la correspondiente Sala de la Corte Suprema deberá revisar el caso y pronunciar, en las próximas semanas, el fallo definitivo, es necesario destacar la importancia de la sentencia emitida ayer. El país esperaba con ansias la decisión jurisdiccional, en la medida en que es de todos conocido el nivel de envilecimiento del periodismo y de distorsión de la deliberación pública a que se llegó durante el Fujimorato, sobre la base del control político de la prensa venal.

La sentencia de la Sala Anticorrupción “A”, al establecer la verdad de lo sucedido con los así llamados “diarios chicha” –sinónimos de difamación y ruindad– y sancionar a sus propietarios, gestores y promotores, contribuye a la regeneración moral de la sociedad peruana.
(Abraham Siles Vallejos)