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Lima, 10 de febrero del 2005 |
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Según
el Sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Público (SIAF-SP), el
Poder Judicial no ejecutó 46 millones de soles
de lo desembolsado por el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) en el año 2004. No olvidemos
que este resultado aparece casi en paralelo con
el reciente pronunciamiento del Tribunal
Constitucional a favor de la intangibilidad del
presupuesto judicial por el Poder Ejecutivo. Al
analizar el problema de la no ejecución, son
diversas las causas que pueden haberla
originado. En primer lugar, el MEF suele dictar
todos los años un paquete de medidas de
austeridad destinadas a recortar el gasto público,
siendo un hecho que esto afectó al Poder
Judicial el año pasado. En otras ocasiones se
producen transferencias de partidas de una
institución a otra, teniendo que “ceder” éstas
parte de su presupuesto. Estos motivos no agotan
la lista. En
segundo lugar, es probable que lo no ejecutado
se vincule con problemas de gestión financiera
y estratégica del propio Poder Judicial. En
este caso, la responsabilidad recae
exclusivamente en esta institución. En esta línea,
es probable que el Poder Judicial no haya tenido
la suficiente capacidad de gasto y que por ello
una buena parte de los 46 millones no se haya
ejecutado. Incidimos en esto ya que este
panorama no es una realidad ajena al Poder
Judicial. Recordemos que desde el 2002 viene
arrastrando un proceso de licitación que por lo
menos hasta el tercer trimestre del 2004 no había
culminado por completo. En
uno u otro caso, el Poder Judicial está en la
obligación de establecer una sólida política
de transparencia. Está en la obligación de
rendir cuentas y brindar las explicaciones
necesarias a la sociedad sobre temas de interés
público que el marco democrático exige, y con
mucho más razón a partir de que el Tribunal
Constitucional haya resuelto la autonomía económica
del Poder Judicial para fijar su proyecto de
presupuesto, sin mayor restricción fiscal. Como
puede deducirse, la suficiencia de recursos
(auspiciada por el fallo del Tribunal
Constitucional) no implica per se una
gestión judicial eficiente ni transparente. He
ahí el rol que debe jugar la sociedad civil
para asegurar el correcto empleo de los recursos
públicos. |