Lima, 17 de febrero del 2005

El día lunes 14, después de más de tres años de proceso judicial, la suspendida congresista Martha Chávez ha obtenido una sentencia que la absuelve del delito de receptación, ya que los magistrados que resolvieron su caso consideran que no hay pruebas de que recibió US $. 20,000.00 de manos de Vladimiro Montesinos para su campaña electoral del año 2000. La acusación del Ministerio Público se basaba en la imputación que habían hecho el ex asesor Vladimiro Montesinos y la colaboradora eficaz Matilde Pinchi Pinchi. El fallo judicial fue apelado por el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, quienes consideran que hay elementos de prueba suficientes para que la señora Chávez sea condenada por el delito imputado.

Apenas conoció el resultado de su sentencia, Chávez ha iniciado una campaña encaminada a lograr que el Congreso la reincorpore de forma inmediata, lo cual a nuestro entender no va a ser posible en tanto no existe aún un pronunciamiento o resolución final de la Corte Suprema, por lo que el proceso no ha concluido.

En Justicia Viva somos respetuosos y, aunque en algunas oportunidades no estemos de acuerdo, sabemos acatar las resoluciones que emite el Poder Judicial, creemos en la justicia y somos permanentes defensores de la legalidad. Por ello nos preocupa y consideramos cuestionable, desde todo punto de vista, el doble discurso de Martha Chávez, quien reconoce la independencia del Poder Judicial en el caso en el que ha terminado absuelta, pero proclama la falta de independencia del mismo Poder Judicial cuando se trata de justificar la no presencia del prófugo ex Presidente Alberto Fujimori. Este doble discurso demuestra que la señora Chávez sigue aplicando la misma lógica que la llevó a justificar los peores crímenes de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, del cual era importante figura, ya que consideraba que las muertes cometidas por los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales eran, desde su lógica, autocrímenes cometidos por las víctimas para desprestigiar a las primeras (caso La Cantuta y Barrios Altos) y a la vez fue una de las que impulsó y votó a favor de la Ley de Amnistía para permitir que los efectivos militares y policiales que cometieron crímenes de lesa humanidad puedan “evadir la acción de la justicia”.

Es por ello que, a pesar de que aún no culmina el proceso judicial y no se sabe finalmente si la señora Chávez va a ser absuelta o no, es importante que la ciudadanía, en mérito a su calidad personal y su papel como congresista de un gobierno corrupto y violador de derechos humanos como el de Fujimori, pueda darle una necesaria sanción moral a la congresista suspendida Martha Chávez. Creo que es una importante sanción social que merecen quienes violentando la voluntad popular se sometieron y fueron parte de las barbaridades cometidas en la década pasada.
(Antonio Salazar García)